En la actualidad, la crisis social en Chiapas es severa: 77.4% de la población vive en pobreza y pobreza extrema; tiene el primer lugar en el país en muerte materno infantil; el primer lugar en infección del SIDA; el 84% de sus niños y adolescentes viven en pobreza; la economía de la entidad no sólo no tuvo crecimiento sino que tiene una tendencia negativa; se cayó la producción del café por la contaminación de la roya, que representó durante décadas el principal artículo de exportación y de ingreso a las comunidades; hay una deuda pública de más de 40 mil millones de pesos, lo que hipotecó el futuro de Chiapas; el crecimiento del producto interno de la entidad es del -2%; ocupa el primer lugar en el país en rezago educativo; el 18% de la población es analfabeta; y así, se pueden seguir enumerando una cantidad preocupante de cifras oficiales negativas, que muestran la verdadera cara de un Chiapas, con una profunda desigualdad económica, con graves problemas de gobernabilidad, con gobiernos ineficaces y que sitúa al gobernador Velasco Coello con las peores calificaciones de todos los gobernadores en el país.
La discusión sobre la atención y mejora de estos indicadores no estuvo presente en el pasado proceso electoral, en donde la disputa se dio por la obtención del votos al costo que fuera y no en la propuesta de búsqueda de soluciones de los problemas de la entidad.
Después de doce años de mal gobierno, Chiapas se encuentra en ruinas y con varios puntos del territorio en riesgo de violencia. Sin embargo la magnitud de los problemas de la entidad no estuvo en las preocupaciones del gobernador Manuel Velasco y no se percibe que están en el ganador de la contienda; quien nombró a un coordinador para la elaboración del Plan de Gobierno, pero hasta ahora no se tiene conocimiento de que se haya realizado una reunión para discutir y/o proponer las acciones más adecuadas para salir de las condiciones de desastre social en la que se encuentra Chiapas.
Para que México pueda reducir las condiciones de pobreza debe de tener un crecimiento del 7% durante varios años, pero en Chiapas el crecimiento debe ser superior del 9%, situación que resulta prácticamente imposible de alcanzar y sin programas de gobierno se corre el riesgo de mantener tasas de crecimiento negativos como existe actualmente. Lo preocupante de esta situación es que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador adelantó un crecimiento del 4%, muy por debajo de las necesidades de crecimiento que requiere el país.
En este sentido el futuro inmediato de Chiapas resulta poco halagüeño, en virtud de que la economía de la entidad se mueve en torno del gobierno, las actividades productivas mantienen un crecimiento negativo y no se prevé que esta tendencia se modifique en los próximos años, aunado a esto, distintos grupos mantienen una apuesta a la violencia, lo que acentúa la descomposición social de la entidad.
Una prioridad política que el gobernador Velasco Coello debió de establecer, es la realización de proceso electoral en paz, pero no sólo incumplió este compromiso sino que se convirtió en el principal promotor de violaciones al proceso, provocando con ello la violación de los derechos políticos de amplios sectores de la población, sobre quienes indujo el voto a través de los programas sociales, rompiendo con ello las condiciones de igualdad y de civilidad política que debió prevalecer en la competencia.
La corrupción, el despilfarro, el pago de la deuda y la impunidad en los últimos doce años, son costos que se van a cargar al nuevo gobierno, quien va a mantener a muchos funcionarios de origen verde, en donde la influencia de Velasco Coello va a estar presente, y en el que va a sufrir la influencia centralizadora del futuro gobierno federal, que ya anunció la creación de mecanismos para la realización de compras consolidadas, que se contraponen a las políticas de descentralización administrativa y de reactivación económica, al mismo tiempo que violentan la autonomía relativa de las entidades federativas.