Los dos procesos electorales que correspondieron al gobierno de Manuel Velasco Coello terminaron siendo un escándalo nacional, debido a la ilegalidad y al abuso de poder que prevalecieron en ambas elecciones. El proceso electoral del 2015 representó la violación a la ley por el capricho gubernamental para no dar cumplimiento a la paridad de género y el TRIFE estableció una sanción ejemplar. En las elecciones del 2018 se repitió la historia de las ilegalidades, pero ahora fue con la violación de los derechos políticos de los pueblos indígenas y el tribunal electoral volvió a dar un revés a las pretensiones del gobernador.
Es un hecho el desprecio a la legalidad que hay en el gobierno en Chiapas. Esto ha generado que con frecuencia se tomen decisiones arbitrarias que violentan la norma, y que algunas de esas decisiones se judicialicen. Eso sucedió en los dos procesos electorales, que muestran un espíritu inequívoco en el gobernador que llegó a creer que la ley es él.
Algo similar sucedió con el gobierno de Juan Sabines, quien también tomaba decisiones ilegales, y cuando un colaborador le dijo que no se podía hacer un nombramiento de magistrado pues no se cubrían los requisitos de ley, el gobernante le contestó que para eso él era el gobernador.
Los ejemplos son ilustrativos para evidenciar la ausencia del Estado de derecho, pues el principio rector de este régimen establece que todas las decisiones del gobernante deben estar apegadas en el marco de la ley. Algo que simplemente no se entiende en el país y más en entidades con mucho atraso social como Chiapas.
En el 2015 los partidos no cumplieron con la obligatoriedad de la paridad de género y Manuel Velasco desestimó todas las opiniones que señalaron la violación a la ley. Inclusive el asesor estrella de este gobierno en materia electoral Óscar Muñoz se atrevió a comentarle al gobernador que no iba a existir problema alguno y el escándalo fue mayúsculo, días antes de las elecciones el TRIFE ordenó modificar los listados de los partidos para dar cumplimiento a la paridad. Ese proceso terminó con un escándalo mayor, por el evidente fraude en la votación del diputado migrante, que terminó ocasionando la destitución de todos los consejeros electorales del IEPC.
No obstante esa experiencia, el gobierno de Manuel Velasco, en las elecciones del pasado 1 de julio, incurrió en violaciones mayúsculas que ameritaban la anulación de todo el proceso, en donde en el 60% de los municipios de la entidad se encuentran impugnados y con riesgo de violencia.
En las elecciones de julio, el gobernador intervino para mal, tanto en el proceso electoral local como en el federal. Aquí cinco de los trece distritos electorales federales son considerados indígenas y los partidos políticos estaban obligados a proponer como candidatos a población indígena, tanto hombres como mujeres. Esta disposición no fue cumplida por ningún partido político, quienes violaron los derechos políticos de los pueblos indígenas; a punto tal, que en el distrito 11, con cabecera en Las Margaritas, en donde la Sala Regional de Xalapa, decidió cancelar el triunfo del PRI-Verde y asignársela a MORENA y sus aliados, ninguno de los candidatos es indígena.
Lo mismo sucede en el distrito electoral 1, con cabecera en Palenque, en donde MORENA ganó la elección, pero su candidata, hoy diputada electa, no puede demostrar su adscripción indígena y seguramente la documentación que presentó para su registro son con testimonio falso.
Esto obliga a limpiar el proceso y revisar a fondo las irregularidades en las que incurrieron candidatos y partidos, en los cinco distritos electorales considerados indígenas, en donde se falsificaron documentos y se usurparon a personas.