Todavía no toma posesión el gobernador electo, Rutilio Escandón, y su gobierno presenta ya gravísimos dilemas. Él en su discurso manifiesta que va a gobernar de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador y se cobija en el proyecto alternativo de nación, discurso que pareciera prudente sino existieran un conjunto de intereses en torno del territorio. Intereses que ya se hicieron presentes con la visita que realizara AMLO el fin de semana a Frontera Hidalgo, municipio en donde se encuentra el rancho de Alfonso Romo, en donde se producen diversas variedades de plantas y árboles.
Alfonso Romo es un empresario metido a la política, que durante años ha realizado negocios agrotecnológicos en Chiapas, quien ha recibido críticas de ambientalistas por ser el más importante promotor de productos transgénicos en el país y por el daño ambiental que produjo en Chiapas por el cultivo del tabaco en La Trinitaria.
El proyecto de reforestar La Selva Lacandona, que propusiera hace unas semanas Andrés Manuel López Obrador -en donde todo parece indicar que la paternidad de ese propuesta es de Alfonso Romo-, más que un acto de buena fe, producto de la preocupación por la devastación de La Selva, entraña un extraordinario negocio, pues prácticamente ya se definió quien va a ser el principal proveedor de los árboles frutales y maderables con el que se pretende realizar esa reforestación.
Este proyecto de reforestación contiene demasiadas aristas en contra para el próximo gobierno chiapaneco. Sobre todo porque desde ahorita se prevé un poder injerencista de Alfonso Romo en el gobierno local. Él ya definió un política ambiental en Chiapas y va a buscar influir en las políticas del campo en la entidad. Él ya convirtió a Chiapas en una punta de lanza de sus negocios, e indiscutiblemente, el nivel de influencia sobre el presidente electo es mayor que el que pudiera llegar tener Rutilio Escandón.
El poder que puede consolidar Alfonso Romo en Chiapas va a tener repercusiones sociales, debido a que el proyecto de reforestación de La Selva contiene en sí un proyecto de desarrollo hacia un territorio poblado por comunidades y ejidos de origen indígena. Esto implica que ese proyecto antes de implementarse debe ser sometido a la consulta en los términos que establece el Convenio 169 de la OIT, y en el que existe en el país un protocolo que establece la normatividad internacional para su realización y la organización del mismo se encuentra a cargo de la CDI.
Paralelo a esta obligatoriedad para la consulta, se encuentran también los criterios para definir qué frutales se van a sembrar y qué especies maderables se van a introducir, pero sobre todo con qué características genéticas. Estos dos aspectos no pueden pasarse por alto, en virtud de las condiciones de conflicto que existe en la Región Selva, en la que existen intereses que van a ser acotados o suprimidos y no va a resultar un asunto sencillo para el gobierno local obtener un acuerdo. Es más, existe la posibilidad en que las comunidades rechacen la reforestación, como ya lo dejó entrever el presidente de los Bienes Comunales, lo que sería un duro golpe para el gobierno y más para el empresario.