Durante más de 8 décadas a la población mexicana se le expropió su facultad de elección y por ende, del ejercicio democrático. En 1928 se creó un partido hegemónico y se constituyó después un sistema de partidos simulado, en donde el que ganaba todos los cargos de elección popular era siempre el mismo partido.
En los años 70, a través de una reforma política surgieron nuevos partidos y se abrió la posibilidad de un sistema plural de partidos, en donde el PRI seguía manteniendo la hegemonía. En las elecciones de 1988 se fortalece el pluralismo político en el país, pero sin un Estado de derecho, que dificultaba la transición a la democracia. En el año 2000 se constituye un gobierno de la alternancia, pero al mismo tiempo se deja de lado la transición a la democracia. En el 2018 surge el tercer gobierno de la alternancia, con una atomización del sistema de partidos, que vuelve tenue la permanencia del pluralismo político y se abre la posibilidad de la consolidación de un sistema de partido único.
En el México moderno se constituyó un régimen político autoritario, que se resiste a morir, aún y cuando ha vivido diferentes crisis: el movimiento estudiantil del 68; las elecciones de 1988; el levantamiento armado zapatista de 1994; la derrota del PRI en el 2000 y ahora la pérdida de la hegemonía del PRI en las recientes elecciones del 2018.
Junto a estas crisis, durante las últimas cinco décadas, el Estado Mexicano abandonó la atención de las demandas sociales de la población y la pobreza y desigualdad social creció a niveles alarmantes. Con este abandono, el Estado Mexicano vivió un resquebrajamiento en sus instituciones que posibilitó la infiltración del narcotráfico, presente en el país, primero como ruta de paso a los Estados Unidos, luego como productores e introductores al territorio vecino y ahora disputándose el mercado de consumo interno, creándose así los grupos mexicanos ligados al narcotráfico, que permeó los distintos niveles de gobierno y corrompió a todos los cuerpos policíacos y la impartición de justicia
La descomposición del Estado Mexicano, se evidencia por los escándalos en que presidentes municipales, gobernadores, diputados, jueces, funcionarios de la presidencia, altos mandos militares, empresarios y los partidos políticos, han sido señalados por sus vínculos con la delincuencia organizada, en la que la realidad terminó superando a la ficción y hoy día se vive en el país una integración de la política, la empresa y la delincuencia organizada.
La gota que derramó el vaso y exhibió la violación de los derechos humanos que prevalece en el país, fue la desaparición forzada de los 46 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que destapó la existencia de múltiples fosas clandestinas en Guerrero, Michoacán, Morelos, Tamaulipas y Veracruz, que dan muestra de la impunidad con que se desaparece y asesina a la población civil en este país, con el agravante de que la situación de inconformidad, el hartazgo y malestar, fue creciendo por la crisis económica que vive el país desde los años 70s, malestar popular que se volcó en las urnas a favor de AMLO, y que abre las expectativas de una transformación del régimen político.
El desastre social en varios estados del país, obliga a repensar el papel del Estado y la reconstrucción de la nación mexicana se convierte en una necesidad política válida y deseable, pero que presenta múltiples dificultades por el fracaso evidente del sistema de partidos en el país, por la ausencia de nuevas ciudadanías reflexivas y críticas, por las pobres experiencias de participación política en las prácticas democráticas y por la crisis de confianza y de credibilidad que prevalece en la población, pero sobre todo, por el riesgo que representa la disminución de un pluralismo político ante el dominio hegemónico que logró MORENA en las recientes elecciones, que paradójicamente puede llegar a debilitar la vida democrática en lugar de fortalecerla.