El gobernador electo, Rutilio Escandón, se comprometió a que en Chiapas se tendrá un verdadero Estado de derecho, lo que implica que no va a haber nadie por encima de la ley y de que todos los actos del Estado estarán bajo el imperio de la ley. La oferta política es válida y tentadora pero con pocas posibilidades de que se llegue a cumplir.
En Chiapas se tienen varias década de prácticas y pautas culturales de impunidad y corrupción, lo que genera que esta situación difícilmente vaya a cambiar sólo por el discurso del gobernante o con leyes que restrinjan la corrupción, porque la sociedad no se transforma por decreto. Además, la aplicación de la ley sin restricciones, significa la posibilidad del castigo a un conjunto de funcionarios que se enriquecieron en el desempeño de sus funciones, comenzando con la figura de los dos últimos gobernadores de la entidad.
En este país el Estado de derecho nunca ha existido, pues el gobierno y el ejercicio del poder ha estado en manos de una sola persona: el Ejecutivo, quien decide de manera unipersonal la política y toma decisiones de acuerdo a su propia perspectiva. Pero también la dificultad del establecimiento de un Estado de derecho se encuentra en la ausencia de una cultura democrática.
Lo deseable en el país es que el Estado de derecho se constituyera lo más rápido posible, y con ello, se establecería también la división de poderes. Esto reduciría considerablemente las tentaciones autoritarias que existen en la clase política mexicana, como una herencia cultural del PRI, que no se va a lograr cambiar de la noche a la mañana.
Este déficit de Estado de derecho en el régimen político mexicano se profundiza aún más en sociedades tradicionalistas como la que hay en Chiapas, en donde se desarrolló una cultura de la sumisión y del sometimiento, en la que Juan Sabines y Manuel Velasco supieron sacar provecho, en donde ambos fueron pésimos gobernantes y aún así salieron beneficiados por el régimen político: uno a través de la asignación de un consulado en Estados Unidos y el otro con el regalo de una senaduría, que violenta los principios de legalidad contemplados en la constitución.
En los últimos seis años fueron continuas las voces que se pronunciaron por el castigo a los desmanes del gobierno de Juan Sabines. Pero Manuel Velasco hizo oídos sordos a esta demanda y protegió a su compadre. De allí que no se haya castigado a ningún funcionario sabinista, en donde sorpresiva o cínicamente, algunos de ellos ya se aprestan a retornar al ejercicio del poder, con el nuevo gobierno, bajo la apuesta de que no hay memoria en los chiapanecos y ya nadie se acuerda de los desmanes que cometieron durante la pasada gestión política.
A los seis años de impunidad sabinista, se le suman ahora los seis años del gobierno de Manuel Velasco, quien por mucho superó la corrupción del gobierno de Juan Sabines, que parecía insuperable.
Frente a esta impunidad generada por dos exgobernadores, es donde se van a topar las pretensiones de Rutilio Escandón de constituir un verdadero Estado de derecho, pues de haberlo, a Juan Sabines y a Manuel Velasco se les tendrá que someter al imperio de la ley, con muy malos resultados para ambos.
