En Chiapas en la última década se constituyó un gobierno del abuso y del despojo, que contraviene al espíritu de la legalidad. Aquí el gobierno de una sola persona terminó destruyendo el sentido de las instituciones y pervirtió la política al convertirla en un instrumento para la corrupción, el cinismo y la impunidad.
En un momento en que el nuevo gobierno ofrece el combate frontal a la corrupción, en Chiapas el gobierno que expira continúa sin ningún reparo cometiendo atracos a la legalidad y el gobernador está convertido no sólo en un delincuente electoral sino en cabeza de una colusión de funcionarios, que bien puede identificarse como un cártel de la delincuencia organizada.
El daño que se le ocasionó a Chiapas con estos dos últimos gobiernos es irreparable. Uno, el de Juan Sabines, le quito a la población chiapaneca la posibilidad de un futuro promisorio. El otro, el del malogrado Manuel Velasco, sumergió el horizonte de Chiapas en la desesperanza.
Manuel Velasco no entiende que la política de despojo y de abuso de poder que él practica, en donde se deja a los pueblos indígenas sin una representación política por imponer a su gente de confianza aunque carezca de capacidad, está acabando con la cohesión social en las comunidades y que al permanecer divididas está propiciando el conflicto y la violencia.
La burla que instrumentó el Tribunal Electoral al reconocer el triunfo de Roberto Rubio Montejo, en el Distrito de Las Margaritas sólo evidencia el desprecio y la discriminación que siente el gobernador de la entidad por la población indígena.
El argumento que utilizaron los magistrados deja en estado de indefensión a los pueblos indios, pues al señalar que el recurso de impugnación fue extemporáneo, no se les reconoce el derecho que tienen para elegir a sus autoridades de acuerdo a sus usos y costumbres. Pero además se les obliga a litigar en tribunales el propio derecho que tienen a la representación, y se vierte con sarcasmo una resolución que no dimensiona la trascendencia de que las comunidades puedan tener voz y voto en el Congreso.
La resolución del TEPJF viola los derechos políticos de los pueblos indios, pues se les obliga a tener un representante carente de identidad étnica, producto de una elección fraudulenta y que se contrapone al principio de la paridad en virtud de que el Distrito 11fue asignado para una mujer indígena y Roberto Rubio no es ni lo uno ni lo otro. Pero además obliga a los liderazgos de las comunidades a llevar su litigio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en virtud de que esa resolución implica un incumplimiento del Estado mexicano a su responsabilidad internacional de respeto a los convenios y tratados internacionales.
El abuso del poder y las complicidades de los magistrados del Tribunal Electoral obligan a llevar este caso a las instancias internacionales, debido a las claras violaciones de derechos humanos que se presentaron en el proceso de impartición de justicia.
