Las decisiones políticas en Chiapas cada vez son más inentendibles. Hay un aparato del gobierno sin rumbo ni cabeza, que no prevé los conflictos que se multiplican en el territorio, en donde hay una carencia de política social y de combate a la pobreza; no hay una política para la recuperación económica y de fortalecimiento a las actividades productivas; no existen programas y estímulos para la generación de empleo; se requiere de inversión y créditos para el fortalecimiento de las actividades agropecuarias; hay una grave inacción política que se traduce en problemas de gobernabilidad; hacen falta programas de salud y de control de enfermedades transmitidas por vector y erradicar las enfermedades generadas por la pobreza el sistema educativo estatal se convirtió en un promotor importante del fracaso escolar; y para colmo de males, el gobernador solo piensa en su futuro político y no le preocupa destruir a Chiapas a punto tal que es gobernador y senador electo y piensa jugar con los dos cargos de manera simultánea.
En la entidad existen 16 municipios con niveles peligrosos de conflicto y más de 180 puntos de tensión social y de violencia, que ponen en riesgo la seguridad nacional, sin que se perciba una mínima atención gubernamental para reducir los riesgos de estallidos social.
Durante los seis años del gobierno de Manuel Velasco, no se realizaron obras significativas, pero se ejerció un recurso superior a los 400 mil millones de pesos, sin que se conozca a ciencia cierta hacia donde se destinaron esos recursos, pues la pobreza creció del 74 al 78 % durante este sexenio.
Chiapas, desde meses atrás representa la imagen del caos. Durante el año 2016 la entidad vivió sucesos violentos en los municipios de Tila, Chenalhó, Chanal, Oxchuc, San Juan Chamula, Pueblo Nuevo, Ixtapa, Frontera Comalapa, Palenque, Altamirano, Las Margaritas y además hubo un paro magisterial que duró 120 días. El caos continuó en el 2017, sin que a funcionarios de la secretaría de gobierno les preocupara atender las demandas de la población y en el 2018 continúa la tendencia de conflictos sociales y de la apuesta a la violencia, en donde hubo en las últimas semanas cinco muertos en un enfrentamiento en Comitán y cinco muertos en una emboscada en Chenalhó sin que se hayan tomado las medidas preventivas para impedir que estos problemas continúen.
Junto a todo ello, los problemas poselectorales están latentes, en donde fueron impugnados el 60% de la elección municipal, lo que hace prever que el malestar electoral se transforme en conflicto en varios municipios de la entidad.
Estos sucesos nos muestra que en Chiapas se llegó a un punto en el que a nadie le interesa apegar sus actos en el marco de la ley. El gobierno con demasiada frecuencia toma decisiones ilegales o realiza designaciones ilegales y hoy día cualquier grupo de personas puede obstaculizar el libre tránsito de vehículos y de personas, sin que exista una aplicación de la ley.
Esto resulta significativo en este momento para Chiapas, pues existe un deterioro alarmante en el ejercicio del poder -en donde se dejaron de tomar decisiones para garantizar el orden, lo que condujo al caos-, pero de igual manera, aparece en las personas un desapego a las normas y entonces se pierde la regulación social de los actos que están prohibidos y son sancionables.
Los tiempos concluyeron para este gobierno en medio de una tensión social que hereda al próximo gobierno, con poco margen de operación política, lo que hace vislumbrar una delicada situación para el 2019 y los años siguientes.
