Transcurrió ya una semana de la decisión del senado en contra de la población chiapaneca, al haber otorgado una licencia a Manuel Velasco Coello violando el propio reglamento de la cámara y las críticas a ese acto continúan en los medios nacionales.
Seguramente el partido Morena y el presidente electo, nunca se imaginaron los costos que iban a terminar pagando por esa lesiva decisión, en donde muchas de las críticas provienen de sectores progresistas que brindaron su apoyo a la candidatura y al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, así como de militantes de Morena, que no salen de su asombro, ante la ya inocultable y vergonzosa alianza con el sector más corrupto del PRI, que es el partido verde que encabeza el gobernador de Chiapas.
Lo significativo es que la sorpresa no desaparecía, cuando el domingo, en una reunión en Palenque, de AMLO con los gobernadores de la Región Sureste, se presentó el proyecto de construcción del Tren Maya, sin que se haya realizado la consulta previa con la población indígena de esas entidades como lo obliga el Convenio 169 de la OIT.
Esta violación al derecho internacional, posibilita que organizaciones indígenas inicien un proceso de resistencia en defensa de su territorio y que se lleve a litigio, un proyecto importante para el desarrollo de la región, debido sobre todo, a la falta de tacto de los funcionarios que encabezaran el futuro gobierno, al no cuidar la relación que se debe tener hacia los pueblos originarios del país.
El debate sobre la obligatoriedad de la consulta aún se viene gestando, cuando nuevamente en el escenario político nacional, el principal aliado del presidente electo, vuelve a recibir una andanada de críticas por intentar cancelar la representación política de la mujer en los cargos de elección proporcional en Chiapas, tanto en las presidencias municipales como en el Congreso Local.
La violación a la constitución es evidente, pues sobre la base de los hechos, con la renuncia a los cargos por parte de las mujeres, se deja sin efecto la paridad de género, que fue resultado de la lucha política encabezada por las propias mujeres. Fueron más de 40 mujeres las que presentaron su renuncia al cargo de elección, lo que evidencia que esa decisión no fue aislada ni ocasional sino que fue concertada e implementada desde una posición de poder.
Aquí la responsabilidad del gobernador del Estado es incuestionable; ya sea por acción, por omisión o por aquiescencia. Sobre todo porque una decisión de estas características, no pudo orquestarse sin el conocimiento o el consentimiento del gobernador del Estado.
Todos estos deslices políticos deben revisarse como el recuento de daños del caso Chiapas para el nuevo gobierno de la república, en donde se ha mellado la credibilidad de un gobierno diferente, y en donde la formación de un régimen democrático se encuentra en dudas.
