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Chiapas: doce años de corrupción e impunidad

Editorial
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En los dos últimos gobiernos en Chiapas se ejerció un presupuesto alrededor de los 750 mil millones de pesos. Este monto, si se hubiera ejercido con la eficacia debida, era más que suficiente para haber transformado el rostro de Chiapas, pero prevaleció la irresponsabilidad, el despilfarro y la corrupción. A punto tal, que se empeoró en todos los indicadores del Índice de Desarrollo Humano y hoy la entidad se encuentra en las mismas condiciones de pobreza del África Subsahariana. 

 

Lo grave de esta situación, es que a pesar de las denuncias que hay de corrupción, sobre un medio centenar de funcionarios, de ambos gobiernos, no existe ningún expediente abierto en contra de funcionario alguno ni existe ninguna sanción por enriquecimiento inexplicable o por malos manejos del erario.  

El daño económico que se cometió sobre la entidad en estos dos sexenios, tiene un doble impacto negativo: uno, se desaprovechó y malgastó una enorme cantidad de recursos que debía de haber mejorado las condiciones de bienestar y, dos, no sólo hay un mayor empobrecimiento en la población sino que existe una deuda impagable, que deja sin oportunidades en el futuro, al 80% de los chiapanecos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema.

Quizá el mayor reclamo que hay sobre Manuel Velasco, es la condición de impunidad que construyó en Chiapas, al no haber investigado ni sancionado a ningún funcionario del gobierno de Sabines. Con esto hubiera impuesto los límites entre sus colaboradores y hubiera evitado la corrupción generalizada que hay en su gobierno.

La historia de saqueo que hay de los recursos públicos en Chiapas es un escándalo, en la que difícilmente se va a aplicar la ley. Esto debido a la red de complicidades que existen entre el gobierno de Manuel Velasco y MORENA, el nuevo partido gobernante en el país. Pero esta red de complicidades se extiende también entre los colaboradores visibles alrededor del próximo gobernador del Estado, Rutilio Escandón, a quienes se les menciona como posibles funcionarios.

Así aparecen nombres como Ernesto Gutiérrez Villanueva, Amador Rodríguez Lozano, Ricardo Aguilar Gordillo, Jorge Morales Messner, Eduardo Zenteno Núñez, Jorge Luis Llaven Abarca, José Antonio Molina Farro, Fernando Castellanos Cal y Mayor y personajes que trabajaron con él en el Tribunal de Justicia, que no son garantía de honradez ni de eficiencia y que algunos de ellos están ampliamente señalados por sus actos de corrupción y presuntamente por sus vínculos con la delincuencia organizada.

Estos personajes guardan vínculos con los dos gobernadores que hundieron a Chiapas y por lo tanto son beneficiarios de la política de impunidad que instauró Manuel Velasco, para no incomodar a su compadre Juan Sabines, y por lo tanto la mayoría de ellos no soportaría una investigación sobre lavado dinero.

Chiapas requiere un viraje de la política y Rutilio Escandón está obligado a responder a ese cambio que se manifestó en la urnas. Pero los resultados que se esperan de ese gobierno no son halagüeños, pues no tiene de donde escoger al grupo de colaboradores que respondan a los requerimientos de transformación de la que mucho se ha venido hablando.