Para reducir las condiciones de pobreza en México y lograr el cumplimiento de los compromisos contraídos por el presidente electo, el país debe de tener un crecimiento económico mínimo del 6% sostenido durante varios años. Sin embargo para Chiapas, el crecimiento debe ser superior del 8%, situación que resulta prácticamente imposible de alcanzar por los indicadores de rezago que padece.
En la actualidad, la crisis social en Chiapas es severa: 78% de la población vive en pobreza y pobreza extrema; tiene el primer lugar en el país en muerte materno infantil; el primer lugar en infección del SIDA; el 84% de sus niños y adolescentes viven en pobreza; la economía de la entidad no sólo no tuvo crecimiento sino que tiene una tendencia negativa; se cayó la producción del café por la contaminación de la roya, que representó durante décadas el principal artículo de exportación y de ingreso de 170 mil productores; hay una deuda pública de más de 40 mil millones de pesos, lo que hipotecó el futuro de Chiapas; el crecimiento del producto interno de la entidad es del -2%; ocupa el primer lugar en el país en rezago educativo; el 18% de la población es analfabeta; y así, se pueden seguir enumerando una cantidad preocupante de cifras oficiales negativas, que muestran la verdadera cara de un Chiapas, con una profunda desigualdad económica, con graves problemas de gobernabilidad.
La discusión sobre la atención y mejora de estos indicadores no está presente en la población chiapaneca, que en su mayoría se caracteriza por su falta de visión de futuro y en la que existe una baja participación política en la definición distributiva del presupuesto.
Después de doce años de mal gobierno, Chiapas se encuentra en crisis económica y con varios puntos del territorio con riesgo de violencia, en el que no se toman medidas preventivas ni acciones de atención de los problemas. No son pocos los municipios en donde los conflictos se van a heredar al próximo gobierno: El Bosque, Simojovel, Amatán, Bochil, Ixtapa, Pueblo Nuevo, Santiago del Pinar, Tila, Yajalón, Chilón, Ocosingo, Palenque y Tenejapa.
La situación de crisis económica y de conflictos políticos muestran que el futuro inmediato de Chiapas resulta poco halagüeño, en virtud de que la economía de la entidad se mueve en torno de los recursos que invierte el gobierno, y no se prevé que esta dependencia se vaya a modificar, de allí que si no se mejoran las condiciones financieras de la entidad se corre el riesgo de que las actividades productivas mantengan un crecimiento negativo; aunado a esto, existen grupos a quienes no se les ha satisfecho sus demandas, que mantienen una apuesta a la violencia, lo que acentúa la descomposición social de la entidad.
La corrupción, el despilfarro, el pago de la deuda y la impunidad en los últimos doce años, son costos que se van a cargar al nuevo gobierno, quien va a mantener a muchos funcionarios de origen verde, en donde la influencia de Velasco Coello va a estar presente, y en el que se va a sufrir la influencia centralizadora del futuro gobierno federal, que ya anunció proyectos de desarrollo para la región que van a crear tensión social en comunidades indígenas y que además ya señaló la creación de mecanismos para la realización de compras consolidadas, que se contraponen a las políticas de descentralización administrativa y de reactivación económica, al mismo tiempo que violentan la autonomía relativa de las entidades federativas.
Bajo esta lógica, el gobernador electo Rutilio Escandón ya manifestó su propósito de subordinarse a los compromisos y decisiones del presidente electo, lo que lo coloca en una situación compleja, pues él mismo está acotando los márgenes de maniobra y autonomía que debe tener un gobernador en la entidad.
