En México y especialmente en Chiapas no existe una política de pacificación. No hay claridad en los funcionarios de que la paz es un proceso de construcción y que una tarea fundamental para la mejora de la convivencia es la educación para la paz.
La paz no se puede construir sin la justicia, por eso cuando el presidente electo convocó a las familiares de las víctimas al perdón, en el primer foro de pacificación en Ciudad Juárez el rechazo fue generalizado y a partir de allí, se empezó a profundizar las diferencias entre las principales organizaciones de la sociedad civil que reclaman justicia y la verdad con los futuros funcionarios del gabinete de López Obrador, al punto tal, en que se cancelaron los últimos foros que se iban a realizar en ciudades marcadas por la violencia como son Tamaulipas, Veracruz, Morelos y Tabasco.
Situación peor sucede en Chiapas, en que los funcionarios no dimensionan la problemática de la población que sufre desplazamiento forzado y sobre todo de los compromisos internacionales que México tiene firmado con las Naciones Unidas para atender a estos grupos de población que sufren desplazamientos.
Pero más grave aún de que ignoren las causas que motivan el desplazamiento forzado en Chiapas. En 1994, a raíz del movimiento armado indígena zapatista, el Estado mexicano promovió la formación y capacitación de grupos paramilitares con el propósito de construir un discurso de que los problemas en las comunidades indígenas de Chiapas eran debido a conflictos intercomunitarios y no por la intervención de las fuerzas militares del Estado. Esta política terminó instituyendo prácticas de violación sistemáticas y generalizadas en la región, con la aquiescencia del gobierno, y generó el desplazamiento forzado de miles de pobladores de las comunidades; las cifras conservadoras hablan de 50 mil desplazados pero hay quienes señalan más de 90 mil desplazados en el Estado de Chiapas, gran parte de esta población de desplazados son niños, niñas y adolescentes que sufren la persecución y violaciones a sus derechos por las condiciones de una guerra de baja intensidad.
Por los acuerdos y tratados internacionales que México tiene firmado, está obligado a tener un registro de personas que sufren desplazamiento. Sin embargo no lo tiene y por lo tanto se carecen de las cifras oficiales del número de pobladores que viven en esta condición. Esta ausencia de registro ocasiona que el Estado incumpla la responsabilidad internacional de brindar la atención en salud, educación, alimentación, cobijo y vestido, en los términos que establecen los Principios Rectores sobre Desplazamiento Interno de la ONU, condiciones todas ellas que favorecen la posibilidad de tener una vida digna y favorecen el derecho de este grupo de población al que se le está vulnerando el derecho a la vida, a la identidad y al libre desarrollo.
El incumplimiento de la responsabilidad estatal y de la responsabilidad internacional del Estado a los grupos de desplazados que ahora se encuentran en plantón en el parque central de Tuxtla Gutiérrez ha provocado una desatención institucional en dos vertientes: reproduce condiciones de vulnerabilidad pues no se vienen protegiendo los derechos civiles y políticos ni se están atendiendo de manera estructural los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la población desplazada y por otro lado, se les está negando el derecho a la justicia debido a que no existe sanción alguna a las personas responsables de los desplazamientos.
Por ello, para buscar restablecer condiciones para la pacificación en varias comunidades indígenas, es necesario que el Estado establezca garantías para un derecho eficaz, que le permita prevenir, atender, sancionar y reparar el daño generado por los desplazamientos internos.
