La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que uno de los requisitos para la consulta a los pueblos indígenas y para el otorgamiento de una concesión en un proyecto de desarrollo dentro del territorio de los pueblos originarios son los Estudios Previos de Impacto Social y Ambiental.
Estos estudios son fundamentales porque de ellos se desprende el nivel de impacto causado por cualquier concesión y ésta no puede ser de “tal naturaleza que niegue la supervivencia del pueblo”. En esta perspectiva, el Estado tiene la obligación de garantizar la supervivencia de las comunidades indígenas.
Al respecto, “cuando la Corte [Interamericana] utiliza el término `supervivencia´ no se refiere solamente a la obligación del Estado de garantizar el derecho a la vida de las víctimas, sino también a la obligación de adoptar todas las medidas adecuadas para garantizar la relación continua del pueblo con su territorio y su cultura”. Esto significa, en los mismos términos de la Corte, que el estudio de impacto social y ambiental debe arrojar información de que el otorgamiento de la concesión permita a los pueblos indígenas y tribales “continuar viviendo su modo de vida tradicional y que su identidad cultural, estructura social, sistema económico, costumbres, creencias y tradiciones distintivas serán respetadas, garantizadas y protegidas por los Estados.”
Es decir, que el proyecto de desarrollo o la inversión no interfiera o cancele a los pueblos indígenas o tribales, el disfrute continuo de sus tierras tradicionales, territorios y recursos, ni ponga en riesgo la identidad cultural ni la organización comunitaria. Por ello el término de supervivencia para la Corte significa un contenido social y cultural más allá que la mera supervivencia física.
Por eso no deja de causar sorpresa que los colaboradores de López Obrador, que conocen a la perfección las resoluciones de la Corte interamericana, no le hayan explicado sobre la obligatoriedad de la consulta y los estudios previos de impacto social y ambiental de los megaproyectos que propone impulsar su gobierno dentro del territorio de los pueblos originarios y por lo tanto se vengan realizando reuniones con autoridades estatales en clara violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas de la región maya.
La falta de sensibilidad política y la prevalencia de un discurso autoritario en la próxima autoridad gubernamental, viene generando que el proyecto de la construcción del Tren Maya, así como el programa de reforestación de La Selva, encuentren resistencias y se propicie la movilización dentro del territorio indígena, debido a que se está imponiendo un proyecto y una visión de desarrollo sobre una población indígena, que posee mecanismos de protección especial, dentro del derecho internacional.
El interés manifiesto por el presidente electo en los megaproyectos en cuestión, debiera de venir acompañada con una firme voluntad de construcción de acuerdos, con el fin de obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas, objeto de los proyectos de desarrollo, pero eso no está sucediendo así, situación que innecesariamente van a terminar generando un choque de intereses, que pueden terminar dando al traste con esos proyectos.
