La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas realizó una visita a México entre el 8 y 17 de noviembre del 2017. El informe sobre esa visita se encuentra disponible y de éste se destacan dos conclusiones en materia de consulta para obtener el consentimiento previo e informado sobre la concesión de proyectos de desarrollo dentro del territorio de los pueblos originarios.
“106. Cualquier consulta sobre actividades o medidas que pudieran afectar a los pueblos indígenas debe ser previa y se debe proporcionarles información adecuada sobre los impactos sociales, ambientales y culturales de dichos proyectos, y posibles medidas de mitigación, indemnización y beneficios. No debe procederse sin que se hayan implementado dichas garantías y se haya obtenido su consentimiento libre, previo e informado. Los pueblos indígenas cuyos derechos hayan sido vulnerados por dichos proyectos deben obtener justicia y una reparación integral.”
“107. El Estado tiene la obligación de proteger los derechos de los pueblos indígenas, y en este marco garantizar que las empresas ejercen la debida diligencia y asumen sus responsabilidades en caso de daños. Antes de firmar contratos relacionados con proyectos de inversión, el Estado debe realizar estudios sobre la presencia de pueblos indígenas en los sitios propuestos para proyectos o alrededor de los mismos, y sobre los derechos a tierras, recursos naturales y consulta previa que pudieran corresponder a los pueblos indígenas bajo estándares internacionales.”
Estas conclusiones han sido ignoradas en la presentación del proyecto del Tren maya, en el que se percibe una discriminación estructural hacia los pueblos indígenas al omitir la presentación del impacto social y ambiental y en la realización de la consulta.
Hasta ahora las señales enviadas por el presidente electo para modificar la relación hacia estas comunidades indígenas son poco halagüeñas, debido a que se anuncian proyectos de desarrollo dentro del territorio de los pueblos originarios, donde se está excluyendo la opinión de la población de estos pueblos.
Los Pueblos originarios en México padecen una desventaja social, política y económica frente al resto de la población. Esto ha originado que históricamente se les haya menoscabado el reconocimiento como sujetos de derecho y que de manera vertical se les haya impuesto condiciones y políticas para el desarrollo.
Por eso el próximo gobierno de la república enfrenta un enorme reto en el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, que de manera sistemática han sufrido violaciones de derechos humanos de terceros, de empresas y del propio Estado, que incumple con gran frecuencia la responsabilidad internacional de proteger a los pueblos y comunidades indígenas.
Pero el gobierno de López Obrador no sólo tiene la intención de construir el Tren Maya sino que ha planteado la reforestación de miles de hectáreas en el territorio de La Selva y viene elaborando un programa de fomento a las actividades extractivas, todos estos proyectos de desarrollo en territorio de Pueblos y Comunidades indígenas; situación que implica en sí ya una violación al Convenio 169, que establece la obligatoriedad de implementar la consulta previa sobre cualquier decisión al respecto.
En México los esfuerzos realizados para lograr una verdadera consulta no han sido satisfactorios. Y en contrasentido, la explotación minera ha ocasionado contaminación ambiental de ríos y lagunas, extracción sin control de recursos naturales, explotación mineral de profundo impacto, afectación de flora y fauna, así como desplazamiento de comunidades originarias, entre otras violaciones a derechos humanos.
La presentación del programa de construcción del Tren Maya y la respuesta de defensa de los derechos de los Pueblos Originarios ocasionó en sectores de la población, el surgimiento de actitudes discriminatorias hacia las comunidades indígenas, en el que consideran un exceso que se le consulte a la población indígena sobre si están de acuerdo con los proyectos de desarrollo y de inversión que generen un impacto social, ambiental o económico en su territorio, ya que consideran que esta decisión no puede recaer en población analfabeta, que vive en pobreza y que se contrapone a la visión del progreso. Estas consideraciones están en fuera de lugar y sólo confirman la ignorancia que hay sobre los compromisos internacionales convenidos por México, en donde el derecho internacional es vinculante, de acuerdo al artículo 1º de la constitución y en el que Convenio 169 de la OIT establece la obligatoriedad de la consulta.
Bajo esta perspectiva la consulta representa un desafío para el próximo gobierno, en el que se requiere presentar, estudiar, reflexionar, debatir y aprobar una Ley para La Consulta de Los Pueblos Originarios, que sea previamente consultada y discutida por los propios pueblos y comunidades indígenas.
De no hacerse estaríamos frente a la auto-profecía expresada por el EZLN cuando señaló, que en el proceso electoral sólo se cambió de capataz.