La historia del saqueo de los recursos públicos en Chiapas, en los últimos sexenios, representa un escándalo mayúsculo, que difícilmente va a ser atendido por el próximo gobierno, aún y cuando el gobernador electo maneja un discurso contra la impunidad y la corrupción, debido a que la historia de las complicidades en la entidad son de un interés superior, que se erigen por encima del bienestar de la población.
Los últimos gobiernos hicieron un daño social irreversible a la entidad. Primero degradaron la política y con ello degradaron a los partidos, a las organizaciones sociales y al gobierno mismo. Luego hicieron que las dádivas económicas sacrificaran los derechos políticos y civiles de la población y lograron que los resultados electorales se definiera por la población que vive en mayores condiciones de vulnerabilidad, donde a través de la compra del voto se han definido a los triunfadores de las contiendas electorales, lo que evidencia la falsedad de las elecciones libres en Chiapas y por último, hicieron un gobierno del derroche de los recursos, que tiene un doble impacto negativo: uno, se desaprovechó y malgastó una enorme cantidad de recursos que debía de haber mejorado las condiciones de bienestar y, dos, no sólo hay un mayor empobrecimiento en la población sino que existe una deuda impagable, que deja sin oportunidades en el futuro, al 80% de los chiapanecos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema.
Quizá el mayor reclamo que hay sobre Manuel Velasco, es la condición de impunidad que construyó en Chiapas, al no haber investigado ni sancionado a ningún funcionario del gobierno de Sabines. Con esto hubiera impuesto los límites entre sus colaboradores y hubiera evitado la corrupción generalizada que hay en su gobierno. Esta situación la tiene que valorar Rutilio Escandón, quien se hace acompañar por un grupo de colaboradores, que no los caracteriza la honradez y que gozaron en carne propia de la impunidad de la administración velasquista, pues entre ellos hay excolaboradores de la gestión de Juan Sabines y del propio Manuel Velasco.
El reto de mejorar las condiciones sociales de Chiapas es mayúsculo. Sobre todo debido a que para reducir las condiciones de pobreza en México y lograr el cumplimiento de los compromisos contraídos por el presidente electo, el país debe de tener un crecimiento económico mínimo del 6% sostenido durante varios años, pero Chiapas, debe tener un crecimiento económico mínimo del 8%, situación que resulta prácticamente imposible de alcanzar por los indicadores de rezago que padece y más, porque las proyecciones de crecimiento del país calculadas por la CEPAL es del 2.5% para el 2019.
La situación de crisis económica y de conflictos políticos muestran que el futuro inmediato de Chiapas resulta poco halagüeño, en virtud de que la economía de la entidad se mueve en torno de los recursos que invierte el gobierno, y no se prevé que esta dependencia se vaya a modificar, de allí que si no se mejoran las condiciones financieras de la entidad se corre el riesgo de que las actividades productivas mantengan un crecimiento negativo; aunado a esto, existen grupos a quienes no se les ha satisfecho sus demandas, que mantienen una apuesta a la violencia, lo que acentúa la descomposición social de la entidad.
En este sentido, el gran reto del nuevo gobierno en la entidad no es un asunto menor: tomar decisiones políticas que fortalezcan la gobernabilidad, reducir la impunidad y aplicar medidas económicas eficaces, todo ello con el firme propósito de cambiar el rostro de Chiapas.
