En Chiapas existe una larga historia de prácticas y pautas culturales de impunidad y corrupción, situación que difícilmente vaya a cambiar, sólo por el discurso que viene utilizando del gobernador electo, Rutilio Escandón Cadenas. La postura de aplicar la ley sin restricciones resulta una falsedad, debido a las condiciones de impunidad que imperan en la entidad, donde el castigo y la aplicación de la ley significa acabar con los privilegios de la clase política y automáticamente la sanción a una serie de funcionarios de los últimos gobiernos quienes se enriquecieron en el desempeño de sus funciones.
En este país el Estado de derecho nunca ha existido, pues el gobierno y el ejercicio del poder ha estado en manos de una sola persona: el Ejecutivo, quien decide de manera unipersonal la política. Pero también a la ausencia de una ciudadanía y por ende, de una ausencia de cultura democrática, en donde no es suficiente con exigir justicia ni aún movilizándose.
Por el número de asesinados y desaparecidos en el país y por la violencia generalizada en más de la mitad de las entidades, lo deseable en México es que se constituyera lo más rápido posible un Estado de derecho y, con ello, la división de poderes. Esto significaría la impartición de justicia y la posibilidad del castigo a los políticos, lo que reduciría considerablemente los niveles de impunidad.
Este déficit de Estado de derecho en el régimen político mexicano se profundiza aún más en sociedades tradicionalistas como la que hay en Chiapas, en donde se desarrolló una cultura de la sumisión y del sometimiento, que Juan Sabines y Manuel Velasco supieron explotar en su provecho, en donde ambos encabezaron gobiernos malogrados y aún así salieron beneficiados por el régimen político: uno a través de la asignación de un consulado en Estados Unidos y el otro con el regalo de una senaduría, quien supo cultivar la relación con López Obrador, lo que le permite mantener la continuidad en el círculo del poder.
Chiapas vive hoy día una situación de caos, no solo por la difícil condición de gobernabilidad que arrastra sino por la crisis financiera que lo ancla en la pobreza y la desigualdad social y que debido a la irresponsabilidad gubernamental lo obliga al pago de deuda por 2 mil millones de pesos anuales.
En la entidad existen 18 municipios con niveles peligrosos de conflicto y más de 180 puntos de tensión social y de violencia, que ponen en riesgo la seguridad de la población, sin que se perciba una mínima atención gubernamental para reducir los riesgos de estallidos social en El Bosque, Simojovel, Amatán, Bochil, Ixtapa, Pueblo Nuevo, Chenalhó, Chalchihuitán, San Juan Chamula, Santiago del Pinar, Tila, Yajalón, Chilón, Ocosingo, Palenque, La Concordia, Tenejapa y Venustiano Carranza.
Lo sorprendente es que el vacío y la ausencia de gobierno que hay en la entidad no la asume el gobernador electo Rutilio Escandón, que se encuentra realizando giras y reuniones como si continuara en campaña, en donde no se ofertan políticas ni acciones en la que se compromete a emprender desde el primer minuto en que asuma el gobierno.
La inacción política y la impunidad contienen y expresan un riesgo mayor, en el que la violencia se acreciente en esta coyuntura que da muestras de que en Chiapas no existe el Estado.
