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Los desafíos del plan de gobierno

Editorial
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El próximo gobierno encabezado por Rutilio Escandón, a estas alturas debiera tener integrado un programa de gobierno y un conjunto de acciones a implementar desde el primer día de su toma de posesión, con el fin de dar respuesta eficaz a la magnitud de problemas que tiene Chiapas y que le pueden estallar en sus manos.

Por eso llama la atención que no tenga a la fecha integrado el plan de gobierno y que haya encargado a las universidades su elaboración, cuando las universidades en el Estado carecen de programas de vinculación y de atención de problemas sociales y ninguna de ellas puede presumir la existencia de un programa integral de desarrollo académico exitoso. Dicho en otros términos, las universidades públicas en Chiapas requieren urgentemente de un proyecto universitario, para estar en condiciones de proporcionar rumbo a un gobierno que no la tiene fácil.

Los indicadores del semáforo económico así como los del Índice de Desarrollo Humano en la entidad son delicados en grado extremo, donde no hay crecimiento de la entidad, no ha habido una creación de empleo en los seis años de gobierno y el índice de desarrollo humano se encuentra al nivel de los países pobres del África.

Por ello urge la definición de las políticas del próximo gobierno y también es importante la definición del gabinete que acompañará al gobernador, debido a que esos dos factores son los que van a indicar el rumbo del gobierno y las posibilidades de revertir las condiciones de pobreza y desigualdad social que prevalecen en Chiapas.

La nueva administración estatal se encuentra precedida por 12 años de ausencia de gobierno en el que se consumó un desastre económico y un deterioro social en la entidad, lo que convierte automáticamente al nuevo gobierno en condiciones difíciles cuesta arriba, pues en Chiapas hay todo por hacer y el nuevo gobierno no puede darse el lujo de perder el tiempo.

En Chiapas existe un descuido en la eficiencia, eficacia y gobernabilidad del Estado. Y junto a ello se vive una corrupción generalizada, con impunidad, lo que originó que un presupuesto superior a los 700 mil millones de pesos, en los últimos 12 años, simplemente se esfumara sin resultado positivo alguno y que produjo una gran deuda.

La mala distribución del presupuesto en la entidad ha generado la desatención de los sectores productivos, especialmente el del sector primario, lo que ha empobrecido a la población, en el que se calcula que más de medio millón de familias chiapanecas viven de los apoyos que se otorgan a través de Prospera.

Por ello el nuevo gobierno tiene que entender que el propósito de la actividad política es la de crear una sociedad en donde se reproduzca la libertad, la convivencia democrática, los derechos humanos, el respeto a la diferencia, los anhelos por la paz, el respeto al medio ambiente, acompañada de una lucha permanente por la construcción de mejores estándares de vida para la población y la mejora de la vida pública. Si esto no lo entiende el próximo gobernante y no busca  instrumentar un gobierno bajo estos principios, entonces los problemas de gobernabilidad se van a multiplicar en la entidad, pues lamentablemente hay condiciones sociales propicias para la generalización de la protesta.