Es previsible que los conflictos en Chiapas se agudicen cuando inicie el próximo gobierno. Sobre todo porque las condiciones que reproducen las protestas no van a cambiar de un día para otro y menos si no se toman medidas preventivas y de solución de los conflictos.
Hay demandas de los grupos que son inconcebibles que no se atiendan, como es el caso de la ausencia del pago de los maestros interinos o el de los desplazados que se han visto obligados a mantener plantones afuera del palacio de gobierno. Hay otros como el de Amatán, el de Ixtapa o Pueblo Nuevo, que son generados por el control caciquil de la política que el propio gobierno ha tolerado.
Hay problemas como el de la presencia de grupos paramilitares donde el Estado ha sido permisible en grado extremo, y estos grupos paramilitares actúan con la total aquiescencia del gobierno. Fue el Estado quien conformó los grupos paramilitares, como parte de una estrategia política de ocultar las maniobras militares y presentar los conflictos en las comunidades indígenas como enfrentamientos intercomunitarios.
En este momento la sociedad chiapaneca vive en una condición de insatisfacción social en donde el gobierno en funciones no toma decisiones y el gobernante electo no integra el gabinete ni presenta su proyecto de gobierno.
Frente a esta condición inerme del Estado, las personas y los conflictos actúan y se mueven en aguas subterráneas en la búsqueda de un estallido social, que está anunciado, pero en el que nadie interviene ni se toman medidas preventivas.
En Chiapas existe un relajamiento de la autoridad, en el que parece que el Estado no existe. Y este va a ser el mismo escenario en la gestión de Rutilio Escandón, en el que se prevé que la sobrecarga de demandas va a ser superior a la capacidad de respuesta que pueda llegar a tener el gobierno y las dificultades financieras de la entidad no van a ser resueltas por el gobierno federal.
A los últimos gobiernos no les ha caracterizado la responsabilidad y finalmente algunas decisiones terminaron haciendo un daño mayor de lo que inicialmente uno podía imaginarse. Por ejemplo, la crisis de la burocracia fue generada por el gobierno de Juan Sabines, que cuando inicia su administración habían 35 mil trabajadores aproximadamente y cuando concluyen los seis años de esa administración ya habían más de 52 mil trabajadores, lo que produjo condiciones de una nómina impagable, que se resolvió parcialmente por los miles de despidos en el gobierno de Velasco Coello
Situación similar ha sucedido en los gobiernos municipales, en la que crecieron las nóminas que se hace imposible pagarla y la administración municipal pierde capacidad financiera para atender otras demandas ciudadanas.
Bajo ese escenario poco halagüeño Rutilio Escandón no puede equivocarse en la selección de su gabinete ni en el diseño de políticas públicas
