En México y especialmente en Chiapas no existe una política para la búsqueda de la pacificación. No hay claridad en los funcionarios de que la paz es un proceso de construcción y que una tarea fundamental para la mejora de la convivencia es la educación para la paz.
La paz no se puede construir sin la justicia, por eso cuando el presidente electo convocó a las familiares de las víctimas al perdón, en el primer foro de pacificación en Ciudad Juárez, el rechazo fue generalizado y a partir de allí, se empezó a profundizar las diferencias entre las principales organizaciones de la sociedad civil que reclaman justicia y la verdad con los futuros funcionarios del gabinete de López Obrador, a punto tal, en que se cancelaron los últimos foros que se iban a realizar en ciudades marcadas por la violencia como son Tamaulipas, Veracruz, Morelos y Tabasco.
Situación peor sucede en Chiapas, en que los funcionarios del gobierno no dimensionan la problemática de la población que sufre desplazamiento forzado y sobre todo desconocen los compromisos internacionales que México tiene firmado con las Naciones Unidas para atender a estos grupos de población que sufren desplazamientos.
Pero más grave aún es que ignoren las causas que motivan el desplazamiento forzado en Chiapas. En 1994, a raíz del movimiento armado indígena zapatista, el Estado mexicano promovió la formación y capacitación de grupos paramilitares con el propósito de construir un discurso que hiciera creer de que los problemas en las comunidades indígenas de Chiapas eran debido a conflictos intercomunitarios y no por la intervención de las fuerzas militares del Estado. Esta política terminó instituyendo prácticas de violación sistemáticas y generalizadas en la región, con la aquiescencia del gobierno, y la violencia que se desató profundizó el desplazamiento forzado de miles de pobladores de las comunidades; las cifras conservadoras hablan de 50 mil desplazados pero hay quienes señalan más de 90 mil desplazados en el Estado de Chiapas, gran parte de esta población de desplazados son niños, niñas y adolescentes que sufren la persecución y violaciones a sus derechos por las condiciones de una guerra de baja intensidad, que el gobierno se esfuerza en ignorar.
El Estado mexicano, por los acuerdos y tratados internacionales que tiene firmado, está obligado a tener un registro de personas que sufren desplazamiento. Sin embargo no lo tiene y por lo tanto se carecen de las cifras oficiales del número de pobladores que viven en esta condición. Esta ausencia de registro ocasiona que el Estado incumpla la responsabilidad internacional de brindar la atención en salud, educación, alimentación, cobijo y vestido, en los términos que establecen los Principios Rectores sobre Desplazamiento Interno de la ONU, condiciones todas ellas que favorecen la posibilidad de tener una vida digna y favorecen el derecho de este grupo de población al que se le está vulnerando el derecho a la vida, a la identidad y al libre desarrollo.
El gobierno de Chiapas viene incumplido obligaciones y responsabilidades no sólo en la atención a los desplazados sino en la toma de medidas preventivas que busquen evitar las condiciones de violencia que generan nuevos desplazamientos de población. Esto ha sido así con las personas desplazadas de Chenalhó, Chalchihuitán, Aldama, Ocosingo y Zinacantán y ahora, por esas desatenciones, en el Municipio de El Bosque se vive un nuevo desplazamiento forzado, que violenta el derecho a la vida, que reproduce condiciones de vulnerabilidad y que niega el acceso al derecho a la justicia, debido a que no existe sanción alguna a los responsables de los miles de personas desplazadas que hay en Chiapas.
Mientras permanezcan las condiciones de violencia estructural en la entidad, continuarán los desplazamientos forzados en las comunidades indígenas y con ello las violaciones sistemáticas de miles de personas.
