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Tue, Dec
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Reprobable el uso de la violencia en contra de la población

Editorial
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El uso de la violencia institucional en contra de los grupos y organizaciones que protestan, evidencia el fracaso de la política. En este sentido resulta incomprensible que el gobierno de Chiapas, cuya función es proteger a los niños, manifieste tener una mesa de negociación permanente, y aún así, haya decidido optar por la violencia el sábado pasado, en contra del grupo de desplazados y en contra de los trabajadores del sector salud quienes estaban manifestando en contra del incumplimiento de los compromisos que la autoridad acuerda.

 

Comparando los riesgos y las consecuencias, los costos del uso de la fuerza pública en contra de la población, siempre resulta mayor que el principio de autoridad que se busca preservar.  Tal y como se percibe en estos momentos en que la agresión, en milésimas de segundo se convirtió en noticia nacional.

Visto de esta manera, después del escándalo nacional, hubiera sido preferible dejar que los grupos se manifestaran en contra del informe del gobernador, que finalmente es un ejercicio de catarsis y no tener como se tiene, el señalamiento de incapacidad política para negociar con los grupos inconformes...

Lo grave es que el gobierno sabía con mucha antelación, de los acuerdos de movilización de los grupos de desplazados indígenas y además conocía a la perfección las causas de la protesta, que se sintetiza en el incumplimiento de las minutas firmadas con los funcionarios de la secretaría de gobierno. Sobre estos argumentos es que resulta inaceptable, que el gobierno no hayan tomado las medidas preventivas de atención  y solución de esta problemática.

En reiteradas ocasiones se ha señalado que la desatención a los desplazados, en los términos que establecen los principios de la ONU, representa un incumplimiento a la responsabilidad internacional del Estado. Y más grave aún, es que el Estado haya incumplido con las medidas cautelares que emitiera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado Mexicano por desatender las necesidades de los desplazados.

El secretario de gobierno debiera de tener claro que el término “cautelar” significa prevenir, precaver. Y el término “cautela” significa precaución y reserva con que se procede. Estas definiciones son importantes en virtud de que la autoridad estatal no realizó las medidas preventivas ni tuvo la precaución mínima requerida en la atención de los grupos de desplazados, en donde la mayoría del grupo está compuesta por niños, niñas y adolescentes, quienes no están recibiendo educación ni servicios de salud ni educación ni alimentación ni cobijo, en los términos que establecen los Principios Rectores sobre Desplazamiento Interno de la ONU.

El incumplimiento de las responsabilidades internacionales genera que se continúen vulnerando los derechos humanos de la población, que sufre del desplazamiento forzado y en una acción que legitima su lucha política son agredidos por la policía y los niños y niñas fueron expuestos a los gases lacrimógenos, en un acto de barbarie gubernamental.

Desafortunadamente en Chiapas no provenimos de una cultura de los derechos humanos y los funcionarios públicos están marcados por las huellas del autoritarismo, en el que resulta más fácil reprimir que solucionar los problemas, tal y como sucedió este fin de semana.