El futuro de Chiapas no es nada halagüeño, pues vive condiciones de violencia que generan dificultades de gobernabilidad. De igual manera tiene una crisis financiera ocasionada en parte por el despilfarro presupuestal de los últimos gobiernos y porque la entidad paga 2 mil millones de pesos anuales por una deuda pública que nadie sabe a ciencia cierta porqué y cómo se generó ni en qué se gastó y que resulta necesario que se formé una comisión de la verdad para que se investigue todo el proceso de autorización de los empréstitos por el Congreso Local, que identifique la ruta del ejercicio de esos recursos, que se determine el impacto económico para Chiapas de esas inversiones y que integre los expedientes en caso de que se determine la existencia de desvíos de recurso, para el respectivo fincamiento de responsabilidades a los funcionarios públicos que ocasionaron ese desastre financiero de la entidad.
Lo que de verdad sorprende es que la ausencia de autoridad y la inacción del gobierno, no genere la intervención del gobernador electo Rutilio Escandón, quien se convirtió en un espectador más del caos, y proponga acciones, vía el Congreso, que evite el desfonde institucional que se vive en Chiapas y se tomen medidas preventivas para evitar dificultades mayores al inicio del nuevo gobierno.
No deja de sorprender la ausencia del gobernador electo en el último informe de Manuel Velasco. Y más en la coyuntura actual, en la que se dio una represión incomprensible al grupo de desplazados indígenas y trabajadores del sector salud que se manifestaban en las cercanías del Congreso. En la que existen síntomas de una provocación dirigida, para que la policía interviniera, tal y como lo hizo, en contra de un sector de población desvalido, que legítimamente exigía atención gubernamental y justicia.
Bajo esta situación, los tiempos del gobierno de Manuel Velasco concluyeron en medio de una tensión social que hereda a la próxima administración, que además va a tener poco margen de operación política, debido al deterioro de las condiciones sociales y del ejercicio del poder, pero también a la distribución presupuestal, que no va a ser de bonanza como lo fue en los últimos 18 años, lo que hace vislumbrar una delicada situación para el 2019 y los años siguientes.
La gestión de Rutilio Escandón se espera con expectativas encontradas. Por un lado, hay la esperanza de que después de doce años de decisiones desafortunadas, la situación de Chiapas mejore; pero por otro lado, si en el nuevo gabinete aparecen funcionarios del actual gobierno o personas ligadas a la administración de Juan Sabines, como se viene especulando, el malestar y rechazo va a ser manifiesto de inmediato y las reacciones terminarán ocasionando una pérdida de legitimidad, de un gobierno que ya de por sí entra con muchas acotaciones de poder, pues se corre el riesgo que Chiapas se administre desde la capital del país.
En la entidad, después de doce años de gobiernos que terminan deslegitimados y con profundo malestar popular, resulta dudoso que la gobernabilidad se pueda reconstituir en los próximos seis años; sobre todo porque existen heridas y desatenciones que requieren un oficio político de filigrana y no se percibe que esa sea la intención del próximo gobierno, que hasta ahora ha permitido que las cosas transcurran sin prever las consecuencias.
Lo que camina mal no puede enderezarse de un día para otro, pero es urgente y necesario que en los próximos años se establezcan las bases para construir un nuevo destino para Chiapas, algo que debe tomarse como la más alta responsabilidad del próximo gobierno, quien deberá construir condiciones de una cultura para la paz y la concordia en donde hoy prevalece el caos.
