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Urge una transición anticipada

Editorial
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Chiapas vive hoy día una situación de caos, no solo por la difícil condición de gobernabilidad que arrastra sino por la crisis financiera que lo ancla en la pobreza y la desigualdad social y que debido a la irresponsabilidad gubernamental lo obliga al pago de deuda por 2 mil millones de pesos anuales.

 

En la entidad existen 18 municipios con niveles peligrosos de conflicto y más de 180 puntos de tensión social y de violencia, que ponen en riesgo la seguridad de la población, sin que se perciba una mínima atención gubernamental para reducir los riesgos de estallidos social en El Bosque, Simojovel, Amatán, Bochil, Ixtapa, Pueblo Nuevo, Chenalhó, Chalchihuitán, San Juan Chamula, Santiago del Pinar, Tila, Yajalón, Chilón, Ocosingo, Palenque, La Concordia, Tenejapa y Venustiano Carranza. 

Es inocultable que en Chiapas existe una larga historia de prácticas y pautas culturales de impunidad y corrupción, situación que difícilmente vaya a cambiar, sólo por el discurso que viene utilizando del gobernador electo, Rutilio Escandón Cadenas. La postura de aplicar  la ley sin restricciones resulta una falsedad, debido a las condiciones de impunidad que imperan en la entidad, donde el castigo y la aplicación de la ley significa acabar con los privilegios de la clase política y automáticamente la sanción a una serie de funcionarios de los últimos gobiernos quienes se enriquecieron en el desempeño de sus funciones.

En este país el Estado de derecho nunca ha existido, pues el gobierno y el ejercicio del poder ha estado en manos de una sola persona: el Ejecutivo, quien decide de manera unipersonal la política. Pero también a la ausencia de una ciudadanía y por ende, de una ausencia de cultura democrática, en donde no es suficiente con exigir justicia ni aún movilizándose.

Por el número de asesinados y desaparecidos en el país y por la violencia generalizada en más de la mitad de las entidades, lo deseable en México es que se constituyera lo más rápido posible un Estado de derecho y, con ello, la división de poderes. Esto significaría la impartición de justicia y la posibilidad del castigo a los políticos, lo que reduciría considerablemente los niveles de impunidad.

Este déficit de Estado de derecho en el régimen político mexicano se profundiza aún más en sociedades tradicionalistas como la que hay en Chiapas, en donde se desarrolló una cultura de la sumisión y del sometimiento, que Juan Sabines y Manuel Velasco supieron explotar en su provecho, en donde ambos encabezaron gobiernos malogrados  y aún así salieron beneficiados por el régimen político: uno a través de la asignación de un consulado en Estados Unidos y el otro con el regalo de una senaduría, que se puede convertir en un cargo público en el gabinete ampliado, lo que le permite mantener la continuidad en el círculo del poder.

No deja de sorprender que el gobernador electo se mantenga impávido e indiferente a los problemas de gobernabilidad que hay en la entidad.  El vacío y la ausencia de autoridad  que hay en estos momentos, lo debiera de ocupar Rutilio Escandón a través de diversos acuerdos para una transición anticipada: ya sea gobernando a través del congreso Local, o bien llegando a un acuerdo con Manuel Velasco Coello para nombrar a funcionarios que formarán parte del gabinete en el nuevo gobierno con el fin de atender y resolver algunas demandas de los grupos de población. En este sentido se debiera de nombrar a la voz de ya al que va a ser el secretario de gobierno, así como muchos subsecretarios en diferentes secretarías, sobre todo en salud, educación, hacienda, obras y en la secretaría del campo, quienes deberían de estar recibiendo las oficinas y resolviendo los problemas, con el fin de garantizar una entrega tersa y sin contratiempos.

Rutilio Escandón debiera de tener claro que la inacción política y la impunidad generalizada en la entidad, contienen y expresan riesgos mayores, debido a que la violencia se puede llegar a acrecentar, como sucedió el sábado en las afueras del Congreso Local, en donde el cambio de gobierno presenta una coyuntura favorable para agudizar los conflictos, que muestran, con una claridad cada vez mayor, de que en Chiapas no existe el Estado.