El gobierno de López Obrador se enfrenta a la disyuntiva de continuar con un México sumido en la violencia, las desapariciones forzadas, la guerra en contra del crimen organizado y las violaciones de los derechos humanos o bien el de construir el camino que permita fortalecer la vida democrática, investigar los crímenes del pasado y modificar la estrategia de militarizar la seguridad pública.
Si la decisión es la de fortalecer la vida democrática, entonces se requiere establecer un modelo de justicia transicional en el que se conozca la verdad sobre los crímenes del pasado y los crímenes en este período de guerra en contra del crimen organizado, pero también se requiere que funcione la justicia, se promueva la reparación integral del daño, se adopten reformas institucionales con mecanismos de no repetición de las violaciones y se de el cese de las hostilidades, se garanticen los derechos de las víctimas, y se construyan condiciones para la rehabilitación y reinserción de quienes por diversas razones han participado en este conflicto instaurando un clima de violaciones a derechos humanos.
En los próximos meses en el país se va a escuchar hablar bastante sobre la justicia transicional, pero bien a bien, el grueso de la población desconoce en qué consiste esta concepto. Al respecto las Naciones Unidas han definido la justicia transicional como “toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación.”
La justicia transicional trata de juzgar los crímenes del pasado y las graves violaciones a los derechos humanos, así como el de construir un Estado de derecho que dé paso a la reconciliación del país con una legitimidad democrática.
La Justicia Transicional es un proceso particular que se construye para alcanzar acuerdos de paz en países que viven en conflicto armado y violencia generalizada. Pero también es un modelo que permite transitar de gobiernos con regímenes autoritarios o de dictadura a gobiernos democráticos, en el que se definen compromisos para llegar a la verdad respecto a crímenes cometidos por las fuerzas públicas o por grupos que encontraron el respaldo y la complacencia del Estado.
La justicia transicional no consiste en un modelo único, pues cada país debe construir uno de acuerdo a sus alcances y problemáticas; pero todo modelo hace énfasis en la reparación del daño ocasionado a las víctimas y a sus familiares.
En la Justicia Transicional también existen experiencias con un modelo de amnistía, que se enmarca en la impunidad, sobre todo porque las amnistías suponen la ausencia de castigo. La amnistía supone el perdón de todo abuso y crímenes cometidos en el pasado y con esto se evita ajustar cuentas con el pasado y no se establecen mecanismos de no repetición de las violaciones de derechos humanos.
En el gobierno de López Obrador se impone la idea del perdón y la amnistía, como un modelo de justicia transicional, lo que implicaría la impunidad.
Este modelo que propone el nuevo gobierno iría en contra de instrumentos internacionales, que obligan a los Estados a investigar la verdad y a sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, pero a la vez se contrapone a los principios del derecho internacional humanitario, que busca garantizar la seguridad y la dignidad de las personas en países que padecen conflictos armados y a la vez establece mecanismos de protección a la población civil que no participa en las hostilidades. Algo que desafortunadamente no ha sido atendido en México, lo que ha producido miles de víctimas inocentes en la guerra desatada por el Estado mexicano en contra de la delincuencia organizada.