La gestión de Rutilio Escandón como gobernador de Chiapas se espera con expectativas encontradas. Por un lado, hay la esperanza de que después de doce años de decisiones desafortunadas, la situación de Chiapas mejore; pero por otro lado, si en el nuevo gabinete aparecen funcionarios del actual gobierno o personas ligadas a la administración de Juan Sabines, como se viene especulando, el malestar y rechazo va a ser manifiesto de inmediato y las reacciones terminarán ocasionando una pérdida de legitimidad, de un gobierno que ya de por sí entra con muchas acotaciones de poder, pues se corre el riesgo que Chiapas se administre desde la capital del país.
Los tiempos del gobierno de Manuel Velasco concluyeron en medio de una tensión social que hereda a la próxima administración, que además va a tener poco margen de operación política, debido a las condiciones de conflicto, al deterioro del ejercicio del poder que existe, pero también a las dificultades presupuestales, que no van a ser de bonanza como lo fue en los últimos 18 años, lo que hace vislumbrar una situación difícil para el 2019 y los años siguientes, sobre todo si no hay crecimiento económico en el país.
En la entidad, después de doce años de gobiernos malogrados, que terminaron con una deslegitimidad, un hartazgo y un malestar popular, no resulta fácil que se pueda reconstruir los márgenes de gobernabilidad en los próximos seis años, debido a que lo que camina mal no puede enderezarse de un día para otro, por eso es urgente y necesario que en los próximos meses se establezcan las bases para construir una nueva condición social para Chiapas, en el que se genere empleo, se reactiven las actividades agrícolas, se atienda la crisis del café, haya financiamiento para el campo y la microempresa, se renegocie la deuda pública, se construyan condiciones para una cultura de paz, se proporcione certidumbre jurídica en la aplicación de la ley y haya una atención política permanente a las demandas de la población.
Junto a estas acciones, dos actividades prioritarias para el próximo gobierno son la creación de un programa emergente de recuperación económica y el impulso a un modelo de justicia transicional, que recupere la memoria sobre la violencia institucional y los crímenes del pasado, que recupere la verdad, que se sancione a los responsables del clima generalizado de violaciones a derechos humanos en las comunidades indígenas, que se garantice la reparación integral del daño de las víctimas, en los familiares y de la comunidad y que se constituyan los mecanismos de no repetición de agravios y crímenes.
El futuro para el próximo gobierno resulta poco halagüeño, porque se están construyendo expectativas de apoyos económicos en condiciones de restricciones presupuestarias, lo que puede generar violencia en el caso en que no haya cumplimiento a los ofrecimientos económicos que el gobierno federal viene realizando. Pero también debido a los problemas de gobernabilidad que prevalecen en varios puntos del territorio estatal, que puede generar un escenario en el que las demandas de la población resulten superiores a la capacidad de respuesta que tiene el Estado.