Rutilio Escandón para ganar la gubernatura de Chiapas se apropió de un discurso de izquierda y democrático. Para hacer efectivo ese discurso y dejar de lado la simulación, ahora se requiere que la justicia juegue el papel más relevante de la transición democrática, lo que implica la tarea de revisar los casos de violaciones de derechos humanos y los crímenes cometidos en los gobiernos previos, así como la de sancionar a los responsables de esas prácticas.
Para cumplir con esa tarea el gobierno estatal estaba obligado a ciudadanizar el proceso de la selección del Fiscal General, en quien recae la responsabilidad de la investigación de los delitos. El procedimiento como tal no se realizó, y ayer el Congreso Local nombró al funcionario que va a desempeñar ese cargo. Pero esa designación se hizo bajo la sospecha de que hubo la instrucción del gobernador a los diputados y la responsabilidad recayó en Jorge Luis Llaven Abarca, quien fuera secretario de seguridad y un colaborador directo de la campaña de Rutilio, del que se asegura prestaba las instalaciones de una de sus propiedades como casa de campaña. Dicho en palabras coloquiales, el gobernador nombró un Fiscal Carnal.
La forma como se nombró al Fiscal carnal no fue la más correcta ni transparente. En los gobiernos del PRI, la forma de designación del funcionario no tendría importancia, pero en un gobierno que se precia democrático y que tiene como compromiso impulsar una transformación social, la designación de un fiscal carnal resulta inaceptable. Sobre todo porque las prácticas del PRI continúan vigente en el gobierno que se autonombra de la transformación, lo que significa que sólo hubo un cambio de partido pero todo sigue igual.
La garantía de autonomía de la Fiscalía está en entredicho, pues finalmente el fiscal se convirtió en un empleado del gobernador, y sus actos no van a ser independientes, bajo el principio de “caiga quien caiga”, sino que va a quedar sujeto a las instrucciones de su jefe, el Ejecutivo.
El Estado está obligado a garantizar el derecho a la justicia a las víctimas de violaciones de derechos humanos, la reparación integral que comprende la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición, pero esto simplemente no lo puede garantizar un fiscal carnal que carece de autonomía.
Pero además la persona que fue designada como fiscal arrastra en su expediente una serie de señalamientos que lo inhabilitan para desempeñar esa responsabilidad en un gobierno que se precia democrático. Se le acusa de tortura, delito que es imprescriptible, y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación del caso, situación que los diputados locales no tomaron en cuenta a la hora de votar.
Pero el desempeño de Llaven Abarca como secretario de seguridad en Chiapas resulta más que cuestionable, sobre todo en el desalojo de los maestros indígenas en la autopista a San Cristóbal, en los enfrentamientos en contra de los pobladores de Oxchuc y en los operativos en contra de los maestros en el 2016, donde participó un helicóptero de protección civil tirando gases en contra de la población.
Pero también está la sospecha nunca aclarada, de policías estatales transportando droga en una patrulla en la carretera Juárez-Reforma y que fueran detenidos por agentes de la policía ministerial del Estado, en el que hubo enfrentamiento a balazos.
La construcción de una sociedad democrática requiere de leyes, instituciones y autoridades legítimas y eficaces, aspecto que queda en duda que los funcionarios del gobierno de Rutilio Escandón, incluyendo al fiscal carnal, lo sean.