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Mal empieza un gobierno de rencores

Editorial
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El secretario de gobierno Ismael Brito Mazariegos ofreció, en el marco de la conmemoración del 70 aniversario de la Declaración Universal  de los Derechos Humanos, diálogo y respeto a la ley para lograr justicia y bienestar. Este mensaje, que parecía un gesto positivo en el inicio de un nuevo gobierno, pronto mostró la cara de la falsedad con el que se maneja este funcionario, que representa el brazo derecho del gobernador del Estado, en virtud de que en su oficina se gestaron dos instrucciones llenas de ilegalidad, que involucran a dos órganos autónomos que no debieran estar sujetas a la autoridad del gobernante y menos del secretario de gobierno.

 

La primera fue la solicitud de renuncia del responsable de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, con el fin de colocar en ese espacio a uno de sus incondicionales de nombre Uriel Estrada Martínez, que a parte de no cubrir con los requisitos legales para desempeñar esa función, está señalado como participante de tortura y la muerte de un detenido cuando se desempeñó como ministerio público. La ilegalidad de la actuación del secretario de gobierno está en la de socavar la autonomía de una dependencia que no depende del ejecutivo y cuyo funcionario fue nombrado por el Congreso Local por un período de ocho años y en el que le falta más de 5 años para concluir su gestión.

La segunda situación está en la actuación del juez que dictó sentencia sobre el asesinato del líder de la organización MOCRI EZ, en donde el juez, sin ningún documento probatorio de culpabilidad y sin sustento en las declaraciones de los testigos que fueron aleccionados por la fiscalía, sentenció como culpable a un inocente, que da claras muestras del nivel de violaciones a derechos humanos que se van a vivir en el gobierno de Rutilio Escandón.

Si bien es cierto que en el primer caso de intromisión del secretario de gobierno se destituyó como responsable de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas a un familiar de Manuel Velasco Coello, en el segundo caso es un ciudadano al que se le violan sus derechos, es un claro gesto de arbitrariedad por parte del gobierno de Velasco Coello, que buscó proteger las ilegalidades en las que había incurrido Rutilio Escandón en los actos anticipados de campaña que realizó cuando desempeñó el cargo de presidente del tribunal de justicia.

Esta segunda historia hay que analizarla por partes. El hoy sentenciado por un juez de consigna, José Francisco González Zebadúa, se desempeñaba como el jefe de asesores del presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en Chiapas,  cuando se abrió el expediente en contra de Rutilio Escandón por actos anticipados de campaña. El presidente del IEPC recibió instrucciones del palacio de gobierno para que se declarara como improcedente la sanción; pero el consejero presidente del IEPC no tiene facultades para imponer una decisión sobre las atribuciones de los consejeros electorales, quienes acordaron sancionar por actos anticipados de campaña al precandidato Rutilio Escandón. Eso indignó al gobernador Manuel Velasco, pues prácticamente se inhabilitaba a su candidato para competir por la gubernatura, y en su malestar el gobernador dio instrucciones a la fiscalía para que se detuviera al consejero presidente del IEPC. Acción que fue interrumpida, por la extraordinaria relación de amistad entre el funcionario electoral local con el presidente del INE.

Pero el malestar del gobierno se trasladó hacia el más cercano colaborador del consejero presidente del IEPC, su jefe de asesores y para inculparlo como el presunto asesino se construyó un móvil. La MOCRI EZ semanas antes había invadido un rancho de la propiedad de Francisco González Zebadúa y éste en venganza, asesino al líder de la organización.

Todo ese móvil es una ficción, como ficción resultó todo el proceso penal que se le montó al inculpado, quien no pudo ser el asesino en virtud de que el día y la hora en que se dio el asesinato, González Zebadúa se encontraba en una fiesta con más de doscientos invitados y la prueba documental de su inocencia estaba en el video del salón de fiesta que fue desaparecido por la fiscalía.

La familia del hoy sentenciado tenía la confianza en que al concluir el gobierno de Velasco Coello  fuera liberado. Sin embargo eso no fue así, por presuntas maniobras que se fraguaron en el palacio de gobierno, donde despacha el que terminaría siendo el verdadero afectado del acuerdo de la comisión de sanciones, en donde sin duda el hoy gobernador, a plena luz del día realizó una cadena de actos anticipados de campaña. Esta sanción no procedió porque el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, que siempre estuvo al servicio del gobierno, resolvió que esa sanción era infundada y la declaró improcedente.