Es deseable que los conflictos en Chiapas no se agudicen para los próximos días y semanas y que el nuevo gobierno empiece a tomar medidas preventivas y de solución de conflictos. Sobre todo porque las condiciones sociales que reproducen las protestas continúan latentes y las soluciones de problemas añejos no se van a dar de un día para otro.
Hay demandas de los grupos que no fueron atendidas por el anterior gobierno y resulta inconcebible que no se atiendan; como es el caso de la falta del pago de los maestros interinos o la atención de la población de desplazados que se han visto obligados a realizar plantones afuera del palacio de gobierno. Hay otros problemas como el de Amatán, el de Ixtapa o Pueblo Nuevo, que son generados por el control caciquil de la política que el propio gobierno ha tolerado, pero que deben de cambiar para no continuar promoviendo la impunidad y el desorden.
Hay problemas como el de la presencia de grupos paramilitares donde el Estado ha sido permisible en grado extremo, y estos grupos paramilitares actúan con la total aquiescencia del gobierno. Fue el Estado quien conformó los grupos paramilitares, como parte de una estrategia política de ocultar las maniobras militares y presentar los conflictos en las comunidades indígenas como enfrentamientos intercomunitarios. Y el nuevo gobierno tiene en la fecha de aniversario de la masacre de Acteal la ocasión propicia para enviar un mensaje en contra de la impunidad, la violencia y la violación generalizada y sistemática de los derechos humanos, en gran parte del territorio de los pueblos indígenas, y a la vez establecer el compromiso de verdad, justicia y reparación a los agravios reiterados, de desplazamientos, desapariciones, asesinatos, persecuciones y encarcelamientos que por décadas han padecido las comunidades.
En Chiapas se vivió en los últimos años un peligroso relajamiento de la autoridad, en el que se creó en el imaginario de la población que el Estado dejó de funcionar en la entidad. Y este escenario puede ser el mismo en la gestión de Rutilio Escandón, que aún no cumple su primer quincena, en el que se prevé que la sobrecarga de demandas va a ser superior a la capacidad de respuesta que pueda tener el gobierno.
En los pocos días que lleva el gobierno estatal, se percibe que no se elaboró un plan de acciones para los primeros 100 días, que resultan fundamentales para el establecimiento de la seguridad y la nueva gobernanza, lo que hace presuponer que la gobernabilidad está prendida con alfileres a la agenda del gobierno federal en Chiapas, en donde la presencia del presidente de la república fortalece siempre al gobernador, pero eso no significa que los problemas de la entidad se van a resolver como si fuera por arte de magia.
Por ello el oficio político es fundamental y se requiere de una operación política eficaz de 24 horas diarias, sobre todo porque los conflictos en la entidad se gestan y se mueven bajo aguas subterráneas y sólo se conocen cuando estallan.
