Algo que no previó el gobernador Rutilio Escandón, en el inter de gobernador electo a gobernador constitucional, es el diseño de un programa de acciones prioritarias para los primeros 100 días de gobierno. La falta de esta política representan ahora los problemas principales que está padeciendo el gobierno.
Resultaba más que claro que algunas dependencias descentralizadas y autónomas iban a tener problemas en el pago de aguinaldo, hoy vemos que el Colegio de Bachilleres incumplió con esta responsabilidad laboral, y prácticamente 8 mil familias que dependen de esta institución, están sufriendo los vaivenes de una mala planeación acompañada por la corrupción institucional, pero que el gobierno estaba obligado a contar con las previsiones necesarias para que esta situación no se presentara.
De igual manera, para cualquiera que conoce los asuntos del campo, sabe que en el mes de diciembre se levanta la cosecha del café y se debió haber previsto que no existiera contratiempo alguno para los poco más de 250 mil productores de café en la entidad. Hoy sabemos que no se hizo acción alguna y que las organizaciones de productores de café tienen problemas para la obtención del crédito necesario para sufragar los gastos y todo porque la oficina del Registro Público de la Propiedad no está brindando el servicio para otorgar el apoyo de la documentación para la obtención del crédito bancario.
Desde el primer día de gobierno Rutilio Escandón debió de haber mandado el mensaje de seguridad agraria y establecer el compromiso de cancelar los apoyos y la seguridad a organizaciones que actúan como paramilitares y que se dedican a la invasión de terrenos como es la MOCRI EZ, que ahora es posesionara de transporte urbano y de un sitio de taxi.
A su vez, el gobernador estaba obligado a enviar un mensaje de pacificación y concordia en la entidad, en su toma de posesión y no lo hizo. La paz en Chiapas no puede construir sin la contraparte de la justicia. Y es sabido que desde 1994 que iniciaron los diálogos para la paz con justicia y dignidad, nunca se construyó y menos se firmó el acuerdo para la paz. Esto ha generado violencia y desplazamiento forzado en varios municipios indígenas, y han quedado intacto los grupos paramilitares que se formaron a iniciativa del gobierno de la república encabezado por Ernesto Zedillo y que mantienen un estado de guerra aún no resuelto. Esta política de paramilitarización es lo que terminó instituyendo prácticas sistemáticas y generalizadas de violación de derechos humanos en la región.
Dentro de las acciones prioritarias Rutilio Escandón estaba obligado a establecer una nueva relación de gobierno con la sociedad. En este sentido se debió prever un mensaje a los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de Acteal, que a 21 años de los reprobables sucesos aún están en la espera de que se les haga justicia, se castigue a los responsables de los hechos y se les repare el daño.
Para la sociedad chiapaneca y para el Estado mexicano es una vergüenza que la masacre de Acteal no haya sido aclarada, situación que demuestra los niveles de impunidad que hay en Chiapas y de abandono y olvido de los gobernantes ante este lastimoso suceso.
Rutilio Escandón estaba obligado a tender los puentes de reencuentro, pero tal parece que aún no ha identificado la importancia de esos puentes para que pueda avanzar en el camino que cambie el rostro de la sociedad chiapaneca.