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Las ilegalidades en el gobierno de Chiapas

Editorial
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La mejor oferta política que pudo haber ofrecido el gobierno de Rutilio Escandón es el de garantizar la legalidad, en donde todos sus actos se apegaran a la ley. Esto que es un principio de obligatoriedad en el Estado de derecho, en México y sobre todo en Chiapas no existe.

En los últimos días de diciembre el gobierno de Rutilio Escandón tomó dos decisiones contrarias a la ley, lo que significa que la llamada cuarta transformación, en Chiapas, no va a tener ninguna diferencia con los gobiernos que lo precedieron. La primer violación grave fue el sábado 29 de diciembre, a través de un acto de liberación de 142 presos sentenciados, bajo el soporte ilegal de una mesa de reconciliación que es inconstitucional e inconvencional.

Sólo en Chiapas existe el adefesio ilegal de la mesa de reconciliación, que ha permitido liberar a homicidas y secuestradores y en la cual hay indicios de negociaciones económicas para procurar la liberación, y peor aún, se señala que parte de esos recursos obtenidos permitió el financiamiento de una precampaña de cinco años que mantuvo Rutilio Escandón para gubernatura desde el puesto del presidente del tribunal de justicia.

Esa mesa de reconciliación es ilegal porque sólo un juez tiene facultades para liberar a un sentenciado y los jueces son autónomos y sus decisiones no pueden ser avasalladas por ningún instrumento, así esté enmascarado de “legalidad” e integrado por los tres poderes del Estado.

La mesa de reconciliación no puede ser legal, en virtud de que se violan los derechos humanos de las víctimas y de los familiares de las víctimas a quienes no se les hace justicia al liberar al presunto responsable, pero paradójicamente, también a los sentenciados se les violan sus derechos humanos, debido a que son liberados no como inocentes, pues tienen una sentencia de culpabilidad, y por ese motivo carecen del derecho para exigir la reparación del daño.

El gobernador en el mensaje de liberación de los presos señaló que era un acto de justicia y de derechos humanos, discurso que resulta a todas luces inentendible e incongruente. Inentendible porque un acto de justicia sería la liberación de inocentes, que ese día fueron 142, pero en los últimos seis años se liberaron más de 2000 reos con sentencia; de allí que un acto de justicia no está en la liberación, sino en la creación de mecanismos de no repetición, que significa que la fiscalía y los jueces no condenen a inocentes, pero junto a esos mecanismos de no repetición debiera de estar la sanción a funcionarios de la fiscalía y de los tribunales que están imponiendo castigos de privación de la libertad a inocentes.

Pero también es incongruente debido a que hay un incremento de la delincuencia en Chiapas y en los últimos días han habido secuestros y homicidios en donde la sociedad exige el castigo y poner fin a la inseguridad y en Chiapas el gobernador encabeza un acto de una mesa de reconciliación ilegal mediante el cual se han liberado a homicidas y secuestradores.

El otro acto ilegal se cometió en la madrugada del día 31 de diciembre, en donde el congreso local designó como responsable de la Auditoría Superior a Uriel Estrada Martínez, quien no cumple con los requisitos que señala la ley de ese órgano, en el que se exige tener como mínimo cinco años de experiencia en el área de auditorías y   él carece de experiencia en ese campo.

En esa designación el congreso violó el debido proceso al no efectuar una revisión y análisis del currículum de candidato, lo que implicó se diera un nombramiento a alguien que no cumple con los requisitos para desempeñar ese cargo.

Ambas situaciones resultan desafortunadas en un gobierno que no cumple el primer mes, pero que ya mostró que no tiene brújula, ni respeto por la legalidad.