La impunidad en Chiapas

Chiapas tiene los niveles de impunidad más altos de las entidades federativas del país. Junto a esa impunidad se fortalece una práctica policíaca del uso de la tortura para encontrar chivos expiatorios y con ello encubrir a los verdaderos culpables de los delitos.

No es fortuito que en la  nueva administración se presuma como importante logro, que los delitos graves sucedidos en las últimas semanas, están resueltos y los responsables se encuentran en prisión. Al respecto, el récord de esta administración es sorprendente, pero poco creíble: en menos de 72 horas la policía ha detenido a los presuntos culpables, con una rapidez que los resultados de la policía chiapaneca supera en eficiencia al FBI y a Scotland Yard.

Lo grave es que muchas de estas acciones fantasiosas se revierten en los amparos en los tribunales federales, en donde los jueces suelen ordenar la liberación de muchos de los detenidos, en virtud de que las pruebas presentadas por la fiscalía son insostenibles.  

Por eso no nos debe de sorprender que en las próximas horas la fiscalía de a conocer la detención del presunto asesino del activista de los derechos humanos Sínar Corzo, que despertó la indignación de las redes sociales y de amplios sectores de la prensa, debido a que Sínar Corzo era a su vez un profesionista de los medios de comunicación y en los inicios del gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía desempeñó el cargo de director del canal 10 de televisión.

Este crimen artero tiene muchas lecturas. Primero, es un crimen realizado desde la esfera del poder, pues todo el activismo de derechos humanos que realizaba Sínar Corzo estaba dirigido  hacia los que desempeñaban funciones y ejercían poder. Por ese activismo que realizaba, la Comisión Nacional de Derechos Humanos le había otorgado medidas cautelares que no le fueron brindadas por el gobierno estatal ni por el gobierno municipal de Arriaga y por esa situación ambos gobiernos se encuentran en situación de omisión y la CNDH debe promover la investigación para conocer las razones por las que el Estado incumplió la atención de las medidas cautelares.

De igual forma no se puede pasar por alto la molestia que le ocasiona a algunas personas la persistencia de los defensores de derechos humanos, que llenan oficinas de denuncias  en las que muchas de ellas son tiradas al cesto de basura por funcionarios que carecen de sensibilidad y de entendimiento para proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, aún y cuando estos son obligaciones constitucionales del Estado en México.

Finalmente, hay una inoperancia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que por los vínculos y las complicidades con el poder, está imposibilitada para ejercer la autonomía que ese organismo tiene. Esta situación recrudece la vulnerabilidad en la que se desempeñan los defensores de los derechos humanos así como los periodistas, que en sociedades con marcado autoritarismo, como es la sociedad chiapaneca, los niveles de impunidad son tan alarmantes a punto tal en que nadie se encuentra a salvo.