La violencia en contra de defensores de derechos humanos

México vive en los últimos 12 años un clima de violencia y de violación de derechos humanos alarmante. Esta situación ha generado la criminalización de los defensores de derechos humanos y periodistas, que muestran los niveles de desprotección en que se realizan estas actividades. En el informe periódico que presentaron los Organismos de la Sociedad Civil, al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas a finales del año 2017, señalaron: que 24 defensores de derechos humanos y nueve periodistas fueron asesinados durante ese año del 2017 y a la vez, se identificaron que tres periodistas más sufrieron tentativas de homicidio. De igual manera se identificó a siete casos de periodistas en situación de desplazamiento forzado por amenazas y violencia y un caso más de desaparición forzada. 

En ese informe de los Organismos de la Sociedad Civil, se documentó que dos de los periodistas asesinados habían contado con los Mecanismos de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, lo que significa que el Estado Mexicano tenía amplio conocimiento de la grave situación en la que desarrollaban su trabajo periodístico y dichas medidas de protección no cumplieron con los fines de proteger y garantizar la integridad personal y el derecho a la vida de estos periodistas.

La condición de riesgo de los defensores en derechos humanos y de los periodistas, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, quedó desnudado con el informe que presentó la Red Nacional de organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos (Red TDT), en noviembre del 2018, titulado “Desde la Memoria…la esperanza”. En ese documento señala que de diciembre del 2012 a noviembre del 2018, fueron asesinados en México 161 personas defensoras de derechos humamos y 40 periodistas.

En ese informe la Red TDT hace una denuncia que evidencia los niveles de impunidad que hay en el país; señaló que “solo el 3% de los casos de personas defensoras asesinadas se encuentran judicializados”.

De igual manera en ese informe se expresó que: “El 40% de las personas asesinadas eran defensores/as comunitarios/as, es decir, ejercían su derecho a defender derechos humanos en su comunidad o entorno más cercano”, en donde se destaca la defensa del agua, del medio ambiente, de la tierra y del territorio.

La voz de los defensores de derechos humanos regularmente es una voz disidente y lamentablemente son las voces disidentes las que se encuentran en riesgo en una sociedad que se dice democrática.

La historia de sacrificar una voz disidente se acaba de vivir recientemente en Chiapas con el asesinato de Sínar Corzo, en Arriaga, cuyo asesinato despertó la indignación, en una sociedad que lamentablemente ya se acostumbró a los hechos de violencia, y que ahora reclama justicia. 

El asesinato de Sínar Corzo no deja de ser amenazante para los defensores y periodistas, pues en Chiapas hay varias decenas de problemas socioambientales generados por la producción minera concesionada por el Estado en gran parte del territorio chiapaneco y en la entidad no existe ningún mecanismo de protección a defensores (as), y la Comisión Estatal de Derechos Humanos es un organismo prácticamente inexistente que tiene en indefensión a la población, frente a los actos arbitrarios de las autoridades. Esto obliga a mantener un estado alerta, pues la impunidad que prevalece en Chiapas, del 99%, no hace prever que pueden ocurrir otros atentados.