La recomendación de la CNDH por los desplazados

Uno de los problemas heredados al gobierno de Rutilio Escandón es el de los desplazados internos de Chenalhó. Aldama y Chalchihuitán, a quienes no se les ha brindado las atenciones debidas, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares al Estado mexicano, con el fin de que se respeten, se protejan y se garanticen los derechos humanos de los desplazados de Chenalhó y Chalchihuitán.

En esta región existen grupos de paramilitares que actúan desde el año de 1994 con la aquiescencia del Estado, mismos que ocasionaron en 1997 la masacre de Acteal, suceso que a la fecha continúa en la impunidad.

En esa región hay un grupo paramilitar identificado plenamente en el Ejido Puebla de Chenalhó, que fueron los responsables de Acteal, y son los que provocaron los desplazamientos forzados tanto de comunidades de Chenalhó como de Chalchihuitán, pero a su vez, existe otro grupo paramilitar en el poblado de Santa Martha, quienes han provocado las agresiones y desplazamientos en comunidades pertenecientes al municipio de Aldama.. Las acciones de ambos grupos han ocasionado en los últimos años más de 5 mil desplazados de los tres municipios, en el que hay niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas adultas.

La desatención, los problemas de seguridad y la ausencia de políticas de prevención para evitar mayores desplazamientos, condujo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a emitir una recomendación a funcionarios tanto del gobierno federal como del gobierno estatal y municipal.

En esta recomendación se le pide al gobernador del Estado la reparación integral de los daños de las personas que perdieron la vida, de las cosechas perdidas y de los daños sufridos en las viviendas; que integre un censo que corrobore el número de las víctimas por desplazamiento forzado; que elabore un diagnóstico sobrecel conflicto territorial que hay en estos municipios; que en el plazo de seis meses elabore un programa de desarme de los pobladores; elabore un protocolo de seguridad para prevenir actos de violencia como los que originaron el desplazamiento forzado y a su  vez designa a un servidor público como enlace de la CNDH para el seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones.

La intervención de la CNDH resulta oportuna, pues en la zona se está viviendo un crudo invierno, que produjo, que por estas mismas fechas el año pasado murieran de frío algunos desplazados.

Pero también esta recomendación de la CNDH debe servir de alerta al gobernador del Estado, para realizar ajustes en su gabinete, pues ninguno de sus funcionarios viene actuando con la responsabilidad, el compromiso y la energía que se requiere para atender y resolver los graves problemas que hay en Chiapas y que ninguno de estos problemas debiera ser desconocido para el gobernador, debido a que él fue parte de un poder en el anterior gobierno y tenía pleno conocimiento de la gravedad de las condiciones en que se encuentra Chiapas.