La violencia se pudo evitar, pero no hay Estado en Chiapas

La descomposición social y política del Estado en Chiapas no es un hecho reciente. Más bien es un proceso de varias décadas atrás, en donde el propio levantamiento armado del EZLN hizo evidente que el Estado en la entidad se había agotado y que el sector gobernante había fracasado. El movimiento zapatista mostró que era necesario construir una nueva clase política, que no sólo renovara el funcionamiento del Estado sino que le diera otro sentido a las formas de convivencia.

Los gobiernos de Pablo Salazar, Juan Sabines y Manuel Velasco, beneficiarios de ese levantamiento armado, no  pudieron y los dos últimos ni siquiera intentaron promover la reforma social que sentara las bases para un nuevo tipo de desarrollo, que cambiara la historia de pobreza y de violencia en Chiapas.

Las elecciones recientes representaban otra oportunidad para la renovación de la sociedad chiapaneca, así debía de entenderlo Rutilio Escandón, quien terminó siendo el candidato del Movimiento de Renovación Nacional y gobernador de la entidad, pero en las seis semanas que lleva este gobierno, resulta claro que dista mucho de ser el gobernante que Chiapas requiere o bien que no entiende del todo el papel histórico que debiera de cumplir.

Los sucesos de violencia armada en los municipios de Amatán, Chilón y Yajalón, así como los asesinatos políticos del activista Sínar Corzo y de Noé Jiménez Pablo, líder de la MOCRI CNPA, muestran que en Chiapas no existe el Estado; es decir que hay una ausencia peligrosa y preocupante de los tres poderes. Y peor aún, que en todos estos sucesos hay una omisión grave de las autoridades, porque todos esos hechos de sangre eran previsibles y por lo tanto se debieron de haber evitado.

En el caso de la investigación del asesinato de Sínar Corzo se montó en Arriaga un operativo policíaco, que por la magnitud de ese operativo se evidencia la participación del crimen organizado y en el caso de Amatán, hubo una participación de las fuerzas de seguridad, a punto tal que al día siguiente la Fiscalía del Estado difundió un video en las Redes Sociales en el que presumía que se había restablecido el orden en ese municipio, lo que prueba una participación directa del Estado en el desalojo de la protesta que había en el palacio municipal de Amatán, que dio como resultado la desaparición de medio centenar de personas y la detención,  tortura y asesinato de Noé Jiménez Pablo.

El gobierno de Rutilio Escandón en lugar de reconstituir el papel del Estado en la entidad, le terminó dando el tiro de gracia, en el que resulta claro que en esa descomposición social nadie está a salvo. Situación que va a conducir a mayor número de enfrentamientos armados entre grupos, detenciones arbitrarias, ejecuciones sumarias de líderes y activistas sociales, secuestro selectivos,  linchamientos mediáticos, etc. etc.