Días después de la terrible tragedia ocasionada por el incendio en Tlahuelilpan, Estado de Hidalgo, se ha desatado una campaña mediática que busca desacreditar el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos e indirectamente hacia la actividad de los propios defensores de derechos humanos.
No hay en los medios y en las redes sociales nada más desafortunado, que esa campaña que está dirigida en contra de la propia población y que atenta sobre uno mismo, pues una de las funciones de las comisiones defensoras de derechos es la de ser garantes de que las autoridades respeten, protejan y garanticen los derechos humanos.
Uno de los señalamientos más reiterados que descalifica el trabajo de las comisiones es que sólo sirven para defender a delincuentes y junto a este argumento también se escucha la frase de que los derechos humanos son sólo para los humanos. Lo paradójico es que en el país hay una crisis generalizada de derechos humanos, en donde a diario somos víctimas de abusos, excesos y arbitrariedades de autoridades de los tres niveles de gobierno. Esas violaciones se traducen en una baja calidad educativa, en un mal servicio de salud, en retenes policíacos que son todos ilegales, en detenciones arbitrarias, en malos servicios públicos, en violaciones a derechos políticos, en la corrupción de los funcionarios, en las prácticas de tortura, en violaciones al debido proceso, etc., etc., Todo esto hace que sea imposible encontrar una persona que no sienta que se violan sus derechos humanos.
En los medios y en las redes sociales hay una carga de sobepolitización de los hechos que termina desinformando o manipulando la información, lo que finalmente produce los mismos efectos. Ejemplo de ello es la investigación que la CNDH solicita para los militares y fuerzas de seguridad que estaban presentes en los sucesos lamentables del incendio del ducto de gasolina, que produjo cerca de cien muertos y decenas de heridos. El desconocimiento y la manipulación generó que se criticara la decisión de la CNDH, cuando en realidad esta dependencia está cumpliendo con sus atribuciones legales.
Al respecto veamos lo que establece el artículo 1º de la Constitución cuando señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y además tienen el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
En estricto sentido los militares en el área del desastre estaban ahí para proteger, cuando se da la explosión, frente a esa tragedia con un centenar de muertos, era el propio presidente de la república quien estaba obligado a instruir se realizara las investigaciones correspondientes y que se sancione a los responsables y en ese momento no lo hizo. Esa omisión presidencial es lo que llevó a la CNDH a solicitar la investigación y lo hizo porque ese es su deber.
Otro ejemplo del desconocimiento de la ley y de la obligatoriedad hacia los derechos humanos se encuentra en la crítica que se realiza a la ayuda humanitaria a la caravana de migrantes centroamericanos. En esa situación México no tiene opción a decidir si ayuda o no. Está obligado por los convenios internacionales firmados por el país. Y cuando un extranjero pisa suelo mexicano, sin importar si es ilegal, tiene la protección de las leyes mexicanas y por lo tanto la universalidad de los derechos humanos lo protegen en los términos del artículo 1º de la constitución ya mencionado. De existir el incumplimiento a la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, el Estado Mexicano queda sujeto a ser demandado por el incumplimiento a la responsabilidad internacional del Estado.
El argumento que se escucha, sobre que el Estado mexicano antes de ayudar a los migrantes debiera de atender y resolver los problemas de pobreza y empleo a los mexicanos es válido, pero planteado de manera equivocada, Sobre todo porque no se puede atentar sobre los derechos humanos de las personas y que además son universales, sino que el enojo y malestar debe encaminarse hacia la exigibilidad y cumplimiento pleno de los derechos humanos de toda la población chiapaneca. Para ello es factible y deseable demandar al Estado para que cumpla con sus obligaciones, como ya lo vienen haciendo varios organismos defensores de derechos humanos.
Desafortunada la crítica a los derechos humanos
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