Que se aplique la ley

Chiapas tiene 12 años sin resultados de gobierno, en ese período se fue deteriorando la convivencia, la gobernabilidad y las condiciones sociales del Estado. Por eso no debiera de sorprender la movilización y la protesta de los grupos, que lo único que reflejan es el abandono de políticas de bienestar que han sufrido de varios años atrás. Paradójicamente de todo esto tenía pleno conocimiento el gobernador Rutilio Escandón, y en los 50 días que lleva de gobierno no ha realizado intento alguna de atender y querer resolver los rezagos económicos y sociales que sean posibles de tener soluciones.

Por eso la pregunta que se hacen algunos comentaristas sobre quién es el que está detrás de estas movilizaciones resulta oficiosa y por demás especulativa. Lo que está detrás de las movilizaciones es el abandono, los incumplimientos y la improductividad del campo. Lo que está detrás es la capacidad de movilización que tienen algunas organizaciones, que coinciden en que la coyuntura es favorable y que además no coincidieron con la candidatura de Rutilio Escandón; de esto último el gobernador debiera de estar profundamente agradecido porque gracias a ese rechazo, él está ocupando el espacio en el palacio de gobierno, veamos porqué.

Las organizaciones que se manifestaron ayer no tuvieron apoyos en el anterior gobierno y terminaron confrontados a él. Eso originó que no participaran en los proyectos políticos que orquestó Manuel Velasco para controlar las candidaturas de todos los partidos. Pero además se aferraron para cerrarle el paso de la candidatura de Eduardo Ramírez Aguilar en el PRD. De esta manera, fueron José Antonio Vázquez y Saraín Osorio, los que promovieron en todo momento a José Antonio Aguilar Bodegas para que fuera el candidato perredista y dejar sin oportunidades a Ramírez Aguilar para ser candidato a la gubernatura, a quien con anterioridad la CIOAC lo había señalado de tener responsabilidad en el asesinato del líder de la organización Luis Hernández Cruz.

En este momento la historia sería otra si la CIOAC y la UNTA no hubieran maniobrado en contra de Eduardo Ramírez. Solo basta observar el número de votos que obtuvo Rutilio Escandón a la gubernatura y los que obtuvo Ramírez Aguilar para el senado. La diferencia fue de 400 mil votos a favor del segundo, lo que deja entrever que ERA seguramente le hubiera ganado las elecciones a Rutilio. Por eso la afirmación de que el actual gobernador debiera de estar agradecido de los líderes de la CIOAC, que indirectamente construyeron el camino para su triunfo a la gubernatura.

En lugar de especular sobre si alguien está maniobrando en contra del gobernador se debe de prestar atención sobre el fondo de los problemas de Chiapas y eso se resume en la improductividad que hay en grandes extensiones de tierra destinadas para la producción de subsistencia, en posesión de campesinos empobrecidos, abandonados y que se les creó la cultura de sobrevivir gracias a los apoyos sociales.

Pero Chiapas no sólo tiene improductividad en el campo sino que sufre parálisis de otras actividades productivas, debido sobre todo a los problemas de desorden social y  a la inacción de la justicia, que produce ingobernabilidad.

Frente a esta situación es correcto que hayan voces que demandan la aplicación de la ley, pero se equivocan de sentido, en virtud de que la demanda de aplicación de la ley está cargada al uso de la fuerza pública hacia los grupos generadores de desorden social y ese no es el camino.

La aplicación de la ley debe iniciar hacia los funcionarios públicos que firman minutas con las organizaciones que no pueden cumplirse. Se debe aplicar la ley a las autoridades que establecen acuerdos de complicidad con liderazgos espurios que fomenta la corrupción y la cooptación de líderes. Se debe de aplicar la ley a funcionarios que aceptan desempeñar un cargo sin tener los conocimientos mínimos de la problemática a la que se van a enfrentar. Se debe aplicar la ley por el delito de omisión a los funcionarios que saben de las inconformidades y tienen conocimiento de que van a existir movilizaciones y no realizan acción alguna para evitarla, atendiendo y resolviendo los problemas para disminuir la protesta.

Sin duda es urgente que se aplique la ley, pero primero el Estado debe apegar todo su funcionamiento en el marco de la ley y nadie debe tomar decisiones que son ilegales. Y eso Rutilio Escandón no lo está haciendo. Como muestra un botón, promovió la designación de un funcionario como titular de la Auditoría Superior del Estado que no cubre los requisitos de ley. Sobre todo, el de tener cinco años de experiencia como mínimo en la realización de auditorias. Y así simplemente no se puede.