En un acto por demás confuso de lo que es el Estado de derecho, la fiscalía del Estado consignó ante el juez a 9 profesores de telebachillerato acusados de motín, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial. Esto después del desalojo violento de maestros del día martes, que se vivió en el Libramiento Norte, en las cercanías de la “Torre Chiapas”.
La lucha y las movilizaciones de los maestros del bachillerato son legítimas, pues exigen el pago de salarios por más de tres años de adeudos que tiene la secretaría de educación. La lucha de estos docentes no es un hecho reciente ni tiene el propósito de dañar políticamente al gobierno que inicia. Las movilizaciones de los maestros con paros, platones y toma de edificios de la secretaría de educación y de la secretaría de hacienda tiene más de tres años y el gobierno no resuelve la situación laboral.
El cierre del Libramiento Norte del día martes generó una fuerte demanda de distintos grupos y manifiestos en las redes sociales que exigían la aplicación del Estado de derecho, sin que bien a bien los solicitantes de esta acción conozcan con claridad en qué consiste el Estado de derecho.
El Estado de derecho presenta en lo general dos reglas básicas fundamentales: nadie puede estar por encima de la ley y todos los actos de los funcionarios públicos deben estar apegados en el marco de la ley. Visto de esta manera, ninguno de esos dos preceptos fue violado por los maestros a quienes además, les asiste el derecho constitucional de manifestación. Sin embargo estos dos preceptos básicos del Estado del derecho, han sido violados sistemáticamente por el gobierno de Chiapas, quienes ilegal e inconstitucionalemente han retenido el salario de los docentes de telebachillerato por más de tres años; pero a su vez, los actos de los funcionarios de la secretaría de educación y de la secretaría de hacienda están al margen de la ley, en virtud en que tienen laborando a cerca de 600 maestros sin que se les pague.
La exigencia de la aplicación del Estado de derecho es correcta, pero quienes debían de encontrarse bajo proceso penal, son todos los funcionarios responsables directa e indirectamente de haber omitido el pago de estos docentes. Lo sorprendente es que los profesores de telebachillerato son las víctimas y la inaplicación de la ley y la selectividad de los procesos penales, los convierte ahora en culpables de supuestos hechos delictivos.
¿Quién es el culpable directo de todas estas irregularidades en el pago de los docentes de telebachillerato? La respuesta es sencilla: Ricardo Aguilar Gordillo, quien era el secretario de educación cuando se suscitó esta falta de pagos. Es a él al que la autoridad debiera de tener bajo proceso y más cuando existe una denuncia pública de parte de la profesora Sonia Rincón Chanona en contra de Aguilar Gordillo por no haber comprobado más de 300 millones de pesos.
Es a raíz de esta denuncia en que se inició con los atentados e incendios en la secretaría de educación, en donde los ataques siempre fueron dirigidos a áreas importantes de documentación, a recursos humanos y a las oficinas de recursos financieros en donde se encuentran las pólizas y contratos.
Es de muchos conocidos el enriquecimiento de Ricardo Aguilar Gordillo, primero en la delegación del ISSSTE y luego exageradamente en la secretaría de educación, en donde una empresa de su hermano fue el proveedor único en todo el período en que se desempeñó como secretario de educación.
Si el gobierno de Rutilio Escandón quiere aplicar el Estado de derecho tiene que investigar a Ricardo Aguilar, quien tiene pasaporte de impunidad por haber participado en la campaña a favor de MORENA como dirigente de las Redes Sociales Progresistas, presuntamente financiada con recursos de la secretaría de educación.
De igual manera debe investigar el fideicomiso de los recursos que aportan las empresas denominadas como terceros, que son todas aquellas empresas que se dedican a los préstamos en efectivo y para compra de muebles, seguros y autos que son descontados vía nómina a más de 70 mil trabajadores de la subsecretaría de educación federalizada, y que aportan el 10% mensual a ese fideicomiso, del monto total que se descuenta vía nómina a todos los trabajadores que tienen un adeudo.
Esta cantidad es de dos millones de pesos mensuales aproximadamente que el secretario de educación maneja indiscriminadamente, pues ese fideicomiso no está registrado ni ha sido auditado. Es realmente la caja chica y la fuente de corrupción en la secretaría de educación.
Los maestros de bachillerato son las víctimas no los culpables
Tools
Typography
- Font Size
- Default
- Reading Mode