AMLO y Rutilio

Ayer el presidente López Obrador manifestó la intención de transparentar las decisiones de los jueces que liberen a quienes el ministerio público federal consigne. Textualmente el gobernante señaló: “Se detiene a presuntos delincuentes y tardan tres días, cinco días y quedan libres. Y el argumento, o la excusa, es que no están bien integradas las averiguaciones previas, que no se cumplió con el debido proceso y que esto da pie a que un juez deje en libertad a un presunto delincuente. Salen hasta riéndose, festejando, burlándose de la autoridad”.

Que va a decir el presidente cuando se entere que aquí en Chiapas existe un programa único en el país denominado Mesa de Reconciliación, que en los últimos seis años se ha dedicado a liberar asesinos y secuestradores que habían sido sentenciados. Que bajo el cobijo de este programa se viola la autonomía de jueces y magistrados y se imponen criterios cuasi personales para instrumentar la liberación de presos y que bajo la presidencia del tribunal de justicia de Rutilio Escandón se liberaron de manera inconstitucional a cerca de dos mil sentenciados.

Que sobre esta mesa de reconciliación existe la presunción de que delincuentes son liberados a través de acuerdos económicos y que uno de los beneficiados es un familiar cercano de uno de los colaboradores de mayor confianza del gobernador y que viene trabajando con él desde los tiempos en que se desempeñó como presidente del tribunal, quien purgaba una condena por asesinato.

El presidente de la república tiene razón cuando señala que se tienen que transparentar las sentencias de los jueces cuando absuelven a los acusados por falta de pruebas. Pero su postura es insuficiente si no decide también iniciar los procedimientos penales y administrativos a los ministerios públicos cuando inventan o alteran pruebas o crean chivos expiatorios o realizan detenciones violando los derechos humanos  y el debido proceso.

A su vez, urge que la Fiscalía General de la República revise el funcionamiento de la mesa de reconciliación en Chiapas, que se convirtió en un instrumento que no sólo viola la ley sino que se convirtió en un mecanismo que permite a un grupo selecto de sentenciados obtener su liberación, pasando incluso por encima de resoluciones de jueces federales.

Rutilio Escandón sabe muy bien de la inconstitucionalidad de esa mesa de reconciliación, y no obstante ello, a finales del mes de diciembre, acordó presidir la liberación de un grupo de sentenciados que obliga al gobierno federal a realizar las investigaciones de este procedimiento, que contraviene a todas luces, con el espíritu de transparentar las sentencias de los jueces al que hizo referencia ayer el presidente de la república.