El gobernador Rutilio Escandón ha señalado reiteradamente su compromiso de combate frontal a la corrupción. Sin embargo su discurso no ha sido acompañado por acciones determinantes que muestren que lo que se dice con las palabras se cumple con los hechos.
Esto viene al caso porque al final del gobierno de Manuel Velasco, la Auditoría Superior del Estado tenía concluida la investigación de varios municipios y dependencias. Inclusive, el auditor anterior llegó a presentar denuncias penales en contra de varios expresidentes municipales y que después de los primeros 100 días del actual gobierno ya no se sabe nada del curso de esas investigaciones.
El cambio del responsable del órgano de la Auditoría Superior del Estado se dio a través de la violación de la ley. Al respecto, hubo una intromisión abusiva e ilegal del Poder Ejecutivo, específicamente del secretario de gobierno, para pedir una renuncia a un funcionario que no pertenece a esa esfera de gobierno, en virtud de que la ASE es autónoma y finalmente le rinde informes al Poder Legislativo, lo que prefigura un posible delito de abuso de poder del secretario de gobierno, quien con su acto atropelló a un órgano autónomo al pedir la renuncia a un funcionario designado por el Congreso Local y que aún le faltaba más de cinco años para concluir ese encargo.
El espacio de la Auditoría Superior del Estado fue cubierto por un personaje que se caracteriza por responder a los intereses de Ismael Brito Mazariegos, y que no cumple con los requisitos legales para desempeñar ese cargo. Simple y sencillamente no cumple con la observación legal de tener una experiencia mínima de cinco años en funciones de auditorías y aun así fue impuesto sin tener las competencias fundamentales para desempeñar un cargo vital en el combate a la corrupción.
Con el nombramiento del Auditor Superior del Estado lo que buscaba el secretario de gobierno es el control con los presidentes y expresidentes municipales, que de acuerdo a informes del propio órgano de fiscalización, las autoridades municipales están siendo sometidas al chantaje y a la extorción.
Las carpetas de investigación están paradas y los expresidentes están siendo citados para regularizar su situación financiera y al interior del órgano se inició un proceso de regularización y de quema y desaparición de expedientes, bajo el pretexto que las instalaciones de ese organismo fueron vandalizadas con anterioridad. En esa regularización se comenta, juega un papel determinante una outsourcing que está facturando para saldar pendientes de los municipios.
Pero también se habla de una reunión que hubo en el rancho de Ernesto Gutiérrez, aquel que fuera secretario del campo con Juan Sabines Guerrero, que se incorporó a la campaña a la gubernatura de Rutilio Escandón, y a quien se le auguraba iba a ser un personaje valioso en la administración, pero al que sólo le dieron la posición de subsecretario en la secretaría de gobierno a uno de sus hijos. En la reunión en mención se señala la participación del secretario de gobierno, Ismael Brito, quien junto a Ernesto Gutiérrez citaron a presidentes municipales y expresidentes para leerles la cartilla y para brindarles el apoyo para regularizar las cuentas.
De ser cierta esta información filtrada desde el propio órgano de la ASE, se estaría prefigurando el delito de delincuencia organizada, que dentro de la administración pública se conoce como colusión de funcionarios, lo que desdice plenamente el discurso del gobernador Rutilio Escandón, de combatir frontalmente la corrupción.
El combate a la corrupción
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