La violencia generada entre los pobladores de Oxchuc ha dejado al descubierto la ausencia de Estado. Esta violencia es una práctica sistemática en las comunidades indígenas, que no corresponde a un solo punto de origen sino que es debida a diferentes condiciones: problemas religiosos, pugnas por el territorio, disputas políticas, problemas por el agua, límites territoriales, migraciones y ahora se percibe en las comunidades la presencia de la delincuencia organizada.
La violencia en Oxchuc, Chenalhó, San Juan Chamula, Zinacantán, Chanal y una docena de municipios indígenas más, muestra las contradicciones que existen entre los sistemas normativos de carácter liberal-democrático, con los sistemas normativos tradicionales indígenas.
Este tipo de conflictos permanecían ocultos en los gobiernos de dominación priista, en la que buscaban conciliar las prácticas comunitarios con el sistema de elecciones, en donde las comunidades, bajo el sistema de usos y costumbres elegían a las autoridades en asamblea y luego el PRI hacía a los ganadores su candidato. Pero esa historia se modificó en Chiapas en el año 2000, cuando el PRI perdió las elecciones y con esa derrota, el PRI empezó a disminuir su papel de mediación en la solución de los conflictos comunitarios.
En los últimos 16 años los gobiernos de Pablo Salazar, Juan Sabines y Manuel Velasco buscaron reducir la presencia del PRI en los municipios indígenas, pero nunca entendieron que tenían que construir nuevas formas de mediación política para contrarrestar las pugnas y los conflictos que el PRI venía desempeñando desde los años 30 del siglo XX, en la que fue el único partido en las comunidades y hoy día coexisten diez partidos políticos en los municipios indígenas.
Los conflictos electorales se gestaron en las elecciones del año 2000 y se acentuaron en las elecciones del 2006, sobre todo a partir de que el gobierno de Pablo Salazar envió la iniciativa para homologar las elecciones locales con la federal y el Congreso del Estado aprobó la ampliación de un año más la permanencia de los ayuntamientos y de los diputados locales; situación que generó violencia en algunos municipios indígenas que se inconformaron con la ampliación de un año más de las autoridades municipales.
En las elecciones del 2015 el gobierno de Manuel Velasco incurrió en el exceso de ganar la mayoría de los municipios indígenas, a través del partido verde y para eso forzó a varios líderes del PRI a cambiarse de partido y contender con las siglas del partido verde. Con ello se alteraron las formas de elegir a las autoridades indígenas, en virtud de que se realizaron más de una asamblea para elegir a los candidatos: El PRI continuó con la tradición de postular al ganador, pero el Partido Verde convocó su propio referéndum para sacar a su candidato.
Con esta alteración de los usos y costumbres eran previsibles los conflictos, pero faltó operación política. La secretaría de gobierno, a cargo de Juan Carlos Gómez Aranda, nunca entendió la importancia de la operación cicatriz en los pueblos indios y se dejó que los agravios crecieran, hasta el punto en que el malestar se transformó en violencia.
Hoy el Estado se encuentra en una disyuntiva: mantener el desacato ante la sentencia del Tribunal Electoral, que resolvió la restitución de las presidentas municipales de Oxchuc y Chenalhó, o bien restablecer la legalidad y ofrecer las garantías de seguridad para el desempeño de sus cargos a las presidentas municipales de Oxchuc y Chenalhó.
En el marco de la ley, la razón le asiste a María Gloria Sánchez y a Rosa Pérez; pero en el marco de los usos y costumbres la población eligió a otras autoridades y el Congreso Local las ratificó institucionalmente. Sin embargo, el procedimiento para la elección de autoridades mediante usos y costumbres no están reconocidos en la Constitución Local, lo que implica la ilegalidad de ese procedimiento.
Frente a esta contradicción que existe entre la ley y la costumbre, los tres poderes se encuentran en una condición de omisa, en donde los tres poderes están violando la ley, lo que constituye una falta grave que implica la desaparición de poderes en Chiapas. Esta situación fue creada por la falta de operación política del secretario de gobierno que debió de haber sustituido e inclusive debiera estar bajo el procedimiento de homicidio por omisión por sus irresponsabilidades en el asesinato del presidente municipal de San Juan Chamula.