El problema de la migración en Chiapas

Los municipios fronterizos de Chiapas están sufriendo las consecuencias de la indefinición de políticas del Estado mexicano en el  trato a los migrantes. Desde el mes de octubre, con la primer caravana de migrantes hondureños, México tuvo pleno conocimiento del fenómeno migratorio y no previó las medidas de atención y apoyo humanitario que se requiere, y con ello ha venido incumpliendo con los compromisos internacionales firmados a través del Pacto Global de Migraciones, que establece como criterio central una migración segura, ordenada y regular.

El Estado mexicano no posee datos exactos y desglosados de las caravanas de migrantes que permita definir políticas, aún y cuando las embajadas mexicanas en los países centroamericanos han estado proporcionando a la cancillería información al respecto, situación que ha vuelto inoperante la entrega de permisos de internación.

Esta ausencia de políticas de atención al migrante está acompañada por el silencio del gobernador del Estado a esta problemática, que no ha elevado la voz para exigir al Estado mexicano el cumplimiento de los compromisos internacionales. Este silencio de Rutilio Escandón sobre las consecuencias migratorias en la población de los municipios fronterizos ha generado un sentimiento de indefensión y con ello se ha multiplicado el malestar de los diferentes sectores de la sociedad fronteriza, que ante los problemas de inseguridad y de invasión de los espacios públicos municipales, ha estimulado los sentimientos xenofóbicos y de criminalización de los migrantes y en algunos espacios de las redes sociales se pueden leer comentarios que llaman a la violencia y agresión en contra de los migrantes.

El silencio de Rutilio Escandón a esta problemática produjo el comunicado de la COPARMEX Costa de Chiapas, que tiene rasgos de discriminación y criminalización a los migrantes y en lugar de exigir la atención del Estado y el cumplimiento de la responsabilidad internacional del Estado, termina rechazando la migración. Estas declaraciones del sector empresarial, que se circunscribe a problemas reales de inseguridad y violencia en la región, deja de lado los beneficios económicos que genera la migración y pierde de vista que el cumplimiento de la responsabilidad del Estado implica recursos e inversión en la localidad, con lo que fomenta el mismo discurso que tanto daño ha hecho a los connacionales en la frontera norteamericana, que alimenta la formación de organizaciones racistas tipo kukluxklán, que persigue, violenta y pone riesgo la vida de los migrantes.   

La ausencia del involucramiento del gobierno chiapaneco, termina fortaleciendo los discursos xenofóbicos en la población de la franja fronteriza y eso puede llegar a producir enfrentamientos hacia grupos que por su condición de vulnerabilidad ya perdieron todo, lo que los vuelve peligrosos, como ya se vio cuando enfrentan a la policía y a los agentes de la  migración.

En esta ausencia de políticas del Estado mexicano se descuidaron los matices que existen en la migración: Hay grupos de migrantes legales, como pueden ser los cubanos, indebidamente varados en Tapachula, que requieren de la autorización migratoria  y que la ineficiencia y corrupción en el Instituto Nacional de Migración ha generado que muchos de ellos se queden hasta más de 90 días esperando un trámite que debiera de durar horas; Hay migrantes que tienen la categoría de refugiados, que nuevamente la ineficiencia y la corrupción que hay en México pone en riesgo a este sector de población, que huyen del conflicto y la violencia generalizada en su país de origen, en el que muchos de ellos requieren del asilo político; y por último están los migrantes ilegales, que se internan a un país sin cubrir los requisitos legales.

La COPARMEX y algunos otros personajes exigen la cancelación  del Pacto Global de las Migraciones recientemente firmado por México. Esa petición no tiene sustento en virtud de que este instrumento lo que busca en una migración segura, ordenada y regulada, es decir, no fomenta la migración irregular que se torna caótica y peligrosa tal y como se está viviendo en los municipios fronterizos de Chiapas.

Tapachula y toda la zona cafetalera del Soconusco, desde finales del siglo XIX ha necesitado de la mano de obra de los migrantes, por eso resulta contradictorio los comunicados como el de la COPARMEX, que debe de entenderse como un grito desesperado de la ausencia del Estado en Chiapas, que abandonó a la población ante un problema de migración, en el que existe claramente un problema de la responsabilidad internacional del Estado mexicano.