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A debate el dilema entre la ley y la costumbre

Editorial
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Oxchuc representa en este momento las contradicciones políticas que prevalecen entre la ley y la costumbre. Pero al mismo tiempo significa la irrelevancia de los pueblos indios en los gobiernos chiapanecos de 1994 a la fecha.

 

Una demanda central en el levantamiento indígena de 1994 era la de los derechos indígenas, que finalmente  el gobierno federal dejó sin atender, cuando Los Acuerdos de San Andrés no fueron aprobados en el Congreso de la Unión. Este suceso tiene más de 22 años y gran parte de esos Acuerdos continúan sin cumplimentarse, aún y cuando el artículo 2º de la constitución transfiere esa atribución legislativa a los congresos estatales.

Los Acuerdos de San Andrés contemplan diferentes capítulos de responsabilidades. Ahí se establecen acuerdos en el marco de responsabilidad que competen al gobierno federal, responsabilidades que competen al gobierno estatal y responsabilidades que son concurrentes tanto para el gobierno federal como para el gobierno del Estado.

Esta información es importante recuperar en el debate, en virtud de que durante 12 años Chiapas fue gobernada por gobiernos supuestamente de extracción de izquierda –Pablo Salazar y Juan Sabines-, que poco o nada hicieron para resolver de raíz las contradicciones entre la ley y la costumbre, en el que se pudo haber legislado sobre los sistemas normativos indígenas como por el reconocimiento jurídico de la autodeterminación  de los pueblos indios. Lo que hubiera puesto los límites a la intervención de los partidos en los municipios indígenas y obviamente hoy no se tuvieran los conflictos que existen en varios de ellos.

Desde el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas en los años 30, del Siglo XX, sobre la base de los hechos muchos municipios indígenas elegían a sus autoridades bajo el principio de los usos y costumbres. Para ello se convocaba a una asamblea en el que se determinaba que personas iban a desempeñar los cargos de presidente y regidores y luego el PRI registraba a esa planilla como sus candidatos y cumplía con el ritual de respetar la decisión comunitaria dentro de un sistema electoral occidental. Eso evitaba los conflictos, porque el sistema de usos y costumbres busca construir un acuerdo de asamblea en el que se recupera la unanimidad.

Este sistema se interrumpió en el año 2000, simple y sencillamente porque el PRI fue derrotado y porque a partir de ese año desde el palacio de gobierno hubo una política expresa de destruir a ese partido que jugaba el papel de control y mediación con los pueblos originarios.

En la actual Legislatura del Congreso Local, existe la preocupación de legislar sobre derechos indígenas, pero hoy día las condiciones sociales han tenido un vuelco, que siendo previsible, no se hizo nada para evitarlo, como es la presencia de la delincuencia organizada en los municipios indígenas. Este factor obliga a legislar con suma cautela, debido a que se corre el riesgo de empoderar a los grupos delincuenciales en las presidencias municipales, como lamentablemente sucedió en San Juan Chamula.

Sin duda una forma para disminuir la violencia poselectoral en los pueblos originarios, es legislar para dar el reconocimiento a la elección de autoridades a través de los usos y costumbres sólo en los municipios en donde esta práctica está históricamente institucionalizada, lo que significa la exclusión del sistema de partidos. Pero de igual forma se debe ser cuidadoso de buscar profundizar una reforma en los municipios indígenas, incluyendo todo el sistema normativo y la autonomía municipal, pues esto último podría llegar a entronizar el poder de la delincuencia organizada y se estaría haciendo un mayor daño a estas comunidades.

Oxchuc, Chenalhó, San Juan Chamula, Chanal y Santiago del Pinar, representan experiencias de aprendizajes para evitar se continúen repitiendo los mismos errores, aún y cuando en Chiapas lastimosamente hay autoridades que juegan a incrementar los conflictos y a incendiar las comunidades.