Sin proyectos de desarrollo

En Chiapas, desde el momento en que fueron interrumpidos los diálogos para la paz entre el Estado Mexicano y el EZLN, no ha existido un nuevo intento por construir un plan de paz para la entidad, a pesar de que todas las organizaciones sociales en las regiones Selva, Norte y Altos se encuentran fuertemente armadas, lo que genera constantes brotes de violencia en gran parte de ese territorio.

Mucha de la violencia armada que hoy se vive fue creada por el Estado, quien, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, financió la formación de grupos paramilitares con el fin de confrontarlos con los grupos afines al zapatismo, y crear así un ambiente y un discurso que señalara que los conflictos en Chiapas se debía a la existencia de enfrentamientos intercomunitarios. De esa manera, a través de la formación de grupos paramilitares entre la población indígena, se buscó eximir al Ejército de toda responsabilidad del clima de violencia que se generalizó en la entidad.

En el período que lleva la administración de Rutilio Escandón, se han presentado distintas agresiones armadas con su dosis de muertos y heridos. Por lo menos cinco de ellos han sido en el municipio de Aldama, provocada por grupos paramilitares de Santa Martha en Chenalhó; hubo uno en Amatán, que produjo la muerte de dos dirigentes de la MOCRI-CNPA y ello ocasionó la desaparición de poderes y la creación de un Concejo Municipal; de igual manera han existido enfrentamientos armados en Pueblo Nuevo, Rincón Chamula,  Yajalón y Venustiano Carranza.

Paradójicamente el gobierno de Rutilio ha recibido dos recomendaciones por parte de la CNDH, originada por la desatención a los desplazamientos forzados provocados por los grupos paramilitares de Chenalhó, que viene afectando a más de 5 mil personas, la mayoría niñas, niños y mujeres, de los municipios de Aldama, Chachihuitán y Chenalhó. En ambas recomendaciones se le otorga un plazo de seis meses al gobierno de Chiapas, para establecer un plan de pacificación en la región y garantizar el desarme de los grupos paramilitares, sobre este plazo ya transcurrieron más de dos meses y no se ha implementado ninguna acción para desarmar los grupos paramilitares ni se ha tomado ninguna decisión para garantizar el retorno con dignidad de los desplazados.

Todos estos problemas eran previsibles y el gobernador Rutilio Escandón estaba obligado a tomar las medidas adecuadas para evitar el desbordamiento de estos conflictos. Sobre todo porque del 1º de julio que ganó las elecciones, al 8 de diciembre que tomó posesión como gobernador, tuvo cinco meses para definir estrategias y acciones de una agenda para Chiapas y de un plan de gobierno, que garantizara desde el primer minuto tomar las decisiones adecuadas para prevenir los conflictos y evitar los problemas que se están viviendo.

En estos primeros cinco meses de la administración se percibe que Rutilio Escandón no conocía ni conoce las problemáticas del Estado, y a su vez, no tiene la claridad sobre las causas de los conflictos que hay en la entidad. Pero, de igual modo, también queda claro que no ha logrado constituir un gobierno y que no tiene una agenda para Chiapas, que le permita tomar decisiones y atender los problemas y conflictos en la entidad.

El gobernador ha reiterado en distintas ocasiones, de que va a gobernar de acuerdo a las acciones que defina el gobierno de la república para Chiapas. Y eso es una equivocación, porque se canceló el proyecto de las zonas económicas especiales en Tapachula, y sobre esa cancelación el gobierno federal no propone alternativa alguna de desarrollo, hacia una región rica y productiva, que se encuentra asfixiada por una mala política de migración emprendida por la presidencia de la república.

El silencio de Rutilio Escandón sobre estas dos acciones que tienen en jaque no solo a Tapachula sino a toda la región del Soconusco, muestra una ausencia de visión de gobierno, que lo terminará distanciado de esa región, que durante décadas ha reclamado la falta de apoyo gubernamental y que en un tiempo planteó la posibilidad de separarse de Chiapas, pues los gobernantes no han sabido responder a las necesidades del desarrollo que tiene el Soconusco.

Probablemente la zona económica especial no era el proyecto de desarrollo adecuado para la región, pero había un proyecto y expectativas de inversión y desarrollo. Ahora no hay nada. A Tapachula y al Soconusco se les canceló el derecho al desarrollo, y para males, el gobierno de la república les deja los problemas que genera una migración caótica.