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Tapachula sin alternativa en proyectos de desarrollo

Editorial
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Las caravanas de migrantes en los municipios fronterizos de Chiapas están reproduciendo un discurso, que busca criminalizar a los migrantes, que recurre a expresiones de terror en la población y que demanda una mayor presencia policíaca  en la región. Este discurso no es afortunado, en virtud de que tiende a profundizar los problemas y deja de lado los señalamiento del incumplimiento de las responsabilidades internacionales del Estado mexicano.

En este sentido el Estado mexicano no ha promovido medidas alternativas para ordenar, regularizar y disminuir la migración caótica que se observa en ciudades como Tapachula. Es cierto que hay una fuerte migración centroamericana, caribeña y africana en la región, pero estos flujos migratorios de ninguna manera se pueden comparar con la migración de los años 80s, del siglo pasado, producto de la Guerra en Centroamérica, que alcanzaron cifras de medio millón de refugiados en la franja fronteriza de La Selva.

¿Dónde está la diferencia en ambas migraciones? En los años 80s hubo una coordinación eficaz entre la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que permitió integrar los albergues de ayuda a los refugiados, situación que no se está realizando en los procesos de la migración actual.

Inclusive existe una gran ineficacia y corrupción en las dependencias mexicanas, que no se ha logrado atender y resolver los trámites de la migración legal y diferenciarla de la migración ilegal, asimismo al interior de esta migración ilegal existe una inoperancia para otorgar el estatus de refugiado y el de asilado político.

El discurso que promueve el cierre de la frontera está perdiendo de vista que Tapachula históricamente ha sido una ciudad de migrantes y que en cada ciclo productivo requiere de miles de trabajadores que cruzan la frontera para trabajar en la cosecha del café, lo que significa beneficios mutuos. Pero además pierde de vista que Chiapas tiene en la frontera norte un promedio de medio millón de chiapanecos, que reportan ingresos entre 600 y 800 millones de dólares anuales en divisas y que la deportación masiva de chiapanecos significarían problemas mayores que no puede soportar la estructura social de la entidad.

La triste realidad, que se trata de ocultar por diversos intereses, es que el gobierno de la república abandonó a su suerte a la población chiapaneca en los municipios fronterizos y se desentendió de los problemas que ocasiona en la región el flujo desordenado de migrantes.

De igual manera el sector productivo del Soconusco no se caracteriza por una visión progresista y pierde de vista  que esta situación de crisis representa también una oportunidad  para la realización de negocios, y ante los problemas de la migración, pretende que se tomen decisiones contrarias a la solución de los problemas.

En este momento se requiere cambiar el discurso conservador similar al Kukluskan de la frontera sur norteamericana, se le debe exigir al gobierno federal y al gobierno estatal la inmediata intervención para organizar los albergues a migrantes, agilizar los trámites de la migración legal, que la tienen varada hasta por 90 días por un trámite que se debiera realizar en minutos y reconocer la calidad de refugiados a la población que viene huyendo de la violencia estructural y sistemática.

Pero a su vez, de manera organizada, se deben de establecer los vínculos para instaurar una mesa de atención con el gobierno federal, para discutir las alternativas del derecho al desarrollo de la región, sobre todo por la cancelación unilateral, desinformada y poco transparente de la zona económica especial en Tapachula.