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La negación de la consulta a los pueblos indígenas

Editorial
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Un compromiso que el gobierno de López Obrador debía de ratificar permanentemente es el derecho de los pueblos indígenas. Sin embargo el derecho a la consulta libre, previa e informada contemplada en el Convenio 169 de la OIT y que fue ratificado por México, lo que la convierte en una norma obligatoria, está siendo manoseado en el discurso del presidente, a punto tal que el gobierno de la república banalizó la consulta y pretende tomar decisiones de incumplir esa obligación contraída internacionalmente.

El Convenio 169 de la OIT se convirtió en el instrumento internacional de la lucha política, en la defensa del territorio y de la libre determinación de los pueblos indígenas y tribales del continente americano, quienes históricamente han sufrido de despojos, expulsiones, desplazamientos forzados, migración, destrucción de sus recursos naturales, destrucción de sus sitios sagrados, pérdida de su identidad cultural, explotación forzada, persecución y crímenes que no son investigados.

En la banalización de la consulta, el discurso del presidente convirtió a la consulta en una votación de si o no a los proyectos de desarrollo que afectan el territorio de los pueblos indígenas, cuando el propósito es diferente. La consulta lo que busca es obtener el consentimiento de las comunidades y para ello se debe de promover el diálogo y la participación de estos pueblos. Aquí no es un asunto de mayorías a favor de un proyecto como lo expresó el presidente. Aquí lo que se tiene que reconocer es la existencia de proyectos de desarrollo que son incompatibles con los derechos humanos. En este sentido, mientras existan minorías a quienes se les violan derechos humanos, los proyectos, llámese Tren Maya, Tren Transísmico o proyectos mineros, de explotación de petróleo, forestales, presas o carreteras, el incumplimiento de la consulta y del consentimiento libre, previo e informado por parte del Estado, abre la posibilidad de recurrir a tribunales nacionales e internacionales, pues se pone en riesgo la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas.

En América existen varias resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que por la ausencia de la consulta se condenó a la cancelación de los proyectos de desarrollo, Las resoluciones más emblemáticas en estos casos de la Corte Interamericana son las del pueblo Saramaka en Surinam y la del pueblo Sarayaku en Ecuador, sentencias que los asesores en cuestiones indígenas de López Obrador   conocen muy bien y sorprende el silencio que guardan ante los comentarios en fuera de lugar que realiza el presidente.

Las declaraciones presidenciales sobre la consulta a los pueblos indígenas afecta directamente a la falta certeza jurídica que tiene el Estado mexicano para garantizar la inversión, pues todas las empresas petroleras y mineras en el mundo saben de la obligatoriedad de la consulta y del consentimiento que deben obtener y además conocen sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que resolvió la restitución de tierras a los pueblos indígenas y que canceló proyectos de desarrollo por la falta de la consulta y de estudios de impacto social, ambiental y cultural.

El compromiso social de un gobierno democrático como se pretende sea el de López Obrador, debe tener el propósito de saldar la deuda histórica que gobiernos y sociedad tienen con los pueblos y comunidades indígenas, a quienes se les vulneran sus derechos y se les produjo condiciones sociales de pobreza y marginación. Sin embargo hasta ahora el camino sigue siendo el de negar que estos pueblos sean sujetos de derecho y que puedan ejercerlo plenamente