Las responsabilidades del gobierno de Chiapas

El gobierno de Chiapas no ha implementado los mecanismos de prevención de la violencia y asesinatos en los municipios de Aldama, Chenalhó y Chalchihuitán, aún y cuando existen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una recomendación de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para ese efecto así como para el desarme de los grupos paramilitares.

El incumplimiento de ambas resoluciones está ocasionando una responsabilidad internacional del Estado, sobre todo porque los asesinatos  continúan en esa zona,  como el sucedido con el síndico del municipio de Aldama, quien había sido reportado como desaparecido.

En este caso, las omisiones del gobierno de Chiapas están ocasionando riesgos a la vida y a la integridad personal de los habitantes de estos municipios y más si se encuentran bajo el riesgo o amenaza de la expulsión de las comunidades.

El gobierno de Chiapas incurre en responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones y deberes contempladas por el artículo 1º constitucional, que toda autoridad está obligada a cumplir en materia de derechos humanos. Al respecto la constitución señala como obligación del Estado la de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Pero al mismo tiempo este mismo artículo establece como deberes del Estado el de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

El gobierno del Estado debió de tomar medidas para que se protegieran, respetaran y garantizaran los derechos humanos de la población y no lo hizo. A la vez, debió de haber ordenado una investigación de los sucesos y como producto de ello debió de haber aplicado las sanciones correspondientes y eso tampoco se ha realizado.

La responsabilidad de esta falta grave es del gobernador Rutilio Escandón, del secretario de gobierno, Ismael Brito Mazariegos, del Fiscal General, Jorge Luis Llaven Abarca y de la Comisaria de la policía Gabriela Zepeda Soto, pero que, en la condición en que se encuentra, de medidas cautelares por parte de la CIDH, esta responsabilidad se traslada al Estado mexicano, quien está obligado a reparar el daño de las violaciones de derechos humanos en los términos que establece la ley.

En esa región hay un grupo paramilitar identificado plenamente en el Ejido Puebla de Chenalhó, quienes fueron los responsables de la masacre de Acteal, y son los que provocaron los desplazamientos forzados tanto de comunidades de Chenalhó como de Chalchihuitán. De igual manera, existe otro grupo paramilitar en el poblado de Santa Martha, quienes han provocado las agresiones y desplazamientos en comunidades pertenecientes al municipio de Aldama. Las acciones armadas de ambos grupos han ocasionado en los últimos años más de 5 mil desplazados de los tres municipios, en el que hay niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas adultas.

En los municipios de Aldama, Chenalhó y Chalchihután existe desatención, problemas de seguridad y ausencia de políticas de prevención para evitar asesinatos y enfrentamientos, que por el incumplimiento a las medidas cautelares de la Comisión Interamericana y a la recomendación de la CNDH, cualquier brote de violencia, desapariciones y asesinatos deben ser imputados a funcionarios del gobierno de Chiapas.