La judialización de la política es un mecanismo de presión que se emplea para debilitar a las posiciones individuales o colectivas en rebeldía, lo que evidencia el autoritarismo y el síntoma extremo de la incapacidad gubernamental para construir acuerdos.
Un aspecto que los publicistas del gobierno de Manuel Velasco Coello suelen magnificar, es el supuesto respeto que éste manifiesta hacia sus críticos, en el que no se ha desatado una persecución como se realizaba en los gobiernos anteriores. Pero este discurso de alabanza ya no se sostiene, todo por la desafortunada decisión de detener a Norberto Santiz, pareja de la presidenta municipal de Oxchuc, María Gloria Sánchez, en la que se reviven cargos del año de 2014, como probable responsable de los delitos de ejercicio ilegal del servicio público, peculado y asociación delictuosa cometidos durante la gestión, 2012-2015, como presidente municipal de Oxchuc.
Esta decisión judicial, más que combatir la corrupción, se enmarca dentro de una lógica de sometimiento de María Gloria, para que acepte un acuerdo político, al margen de la decisión del TRIFE que le favorece y que la reconoce legalmente como la presidenta municipal de Oxchuc.
En palabras de María Gloria, la detención de su esposo se dio en el marco de un acuerdo con el grupo opositor a ella, que tiene bajo su control el palacio municipal, quien condicionó la liberación de los pobladores que tienen detenidos, a cambio de la aprehensión de Norberto Santiz. De ser cierta esa versión de María Gloria, el secretario de gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, no sólo debe renunciar urgentemente al cargo, sino que debe ser sometido a un procedimiento judicial, en virtud de que llegó a acuerdos políticos torciendo la ley, asumió una actitud omisa frente a ilícitos de detención ilegal de la libertad de pobladores en Oxchuc y permitió la vulneración de la legalidad, que él está obligado a cumplir y a hacer cumplir en el marco de sus responsabilidades...
Lo grave de esta situación, es que María Gloria, por la tradición priista que la caracteriza, mantiene una posición institucional que permite construir acuerdos, lo que hace innecesaria la torpeza gubernamental de ordenar la detención de Norberto Santiz. En este sentido, María Gloria ya había aceptado dejar la presidencia y por eso solicitó licencia al cargo, pero la ausencia de manejo político complicó la situación y permitió la intromisión de la curia diocesana, quien fue la que impulsó la decisión en que fuera Óscar Gómez, el presidente sustituto, persona que no formaba parte del cabildo electo.
El enredo generado por las contradicciones que prevalecen entre la ley y la costumbre –y a la incapacidad política en la secretaría de gobierno-, produjo que exista simultáneamente una presidente municipal, María Gloria Sánchez, electa legalmente y que cuenta con el reconocimiento del Tribunal Federal Electoral y que exista un presidente municipal, Óscar Gómez, electo mediante plebiscito, que cuenta con la legitimidad popular, pero que ante la ley desempeña un cargo de manera ilegal y que está incurriendo en el delito de usurpación de funciones.
La secretaría de gobierno y el Congreso del Estado no han podido resolver el dilema que representa una autoridad legal y otra autoridad legítima y han permitido que el conflicto de Oxchuc se prolongue por más de un año y que en lugar de resolverlo, han permitido que los agravios entre ambos grupos se acrecienten y ahora se incurra en la aberración de emplear facciosamente a la justicia para resolver un problema político.
