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La fiscalía general en Chiapas inventa culpables

Editorial
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Dos funcionarios de primer nivel de la fiscalía en Chiapas deben ser retirados por su comportamiento contrario a la procuración de justicia. Uno, es el fiscal de alto impacto, Omar Alejandro Acero Arroyo, quien fue señalado por un detenido de alegada tortura y el juez ordenó la investigación correspondiente y el otro es el fiscal de procedimientos penales, Jorge Segismundo Rotter Díaz, quien hace unos días tuvo la osadía o estupidez de reunirse en el tribunal de justicia con jueces y les expresó: “atendiendo la buena relación de la fiscalía y el tribunal, les pedía que en todos los casos librarán las órdenes, vincularan y sentenciaran para evitar la delincuencia”.

La solicitud que realizara el fiscal de procedimientos penales no gustó a algunos jueces, que alzaron la voz para pedir que la fiscalía hiciera bien su trabajo a lo que el fiscal en tono amenazante contestó que esa respuesta no le iba a gustar al fiscal general.

Chiapas tiene un déficit superlativo en procuración e impartición de justicia. Por eso la transformación del Estado debe partir de la autonomía del poder judicial y de la aplicación irrestricta de la ley para disminuir la impunidad que tanto agravia a la sociedad y la llena de impotencia ante las arbitrariedades que cometen los jueces y la fiscalía.

Es inaceptable la práctica de la tortura en las detenciones. Algo de lo que insistentemente ha sido denunciado el propio fiscal general en su desempeño policial. Por ello los que participaron en la alegada tortura deben ser separados de su cargo y ser investigados hasta sus últimas consecuencias.

Aquí la historia de los hechos: Omar Alejandro Acero Arroyo junto con 30 ministeriales sin orden de detención ni de cateo irrumpieron dentro de la propiedad  de don José Gregorio Coutiño Cruz, quien fue detenido junto con otros cinco familiares y expuestos a la opinión pública como los responsables del homicidio de Santos Abdul Guízar Manzur.

En el montaje que armaron en el operativo de detención, la fiscalía denunció que habían sido detenidos en flagrancia por robo en una gasolinería. Versión que fue desmentida con un video, en el que se observa cómo, con lujo de violencia, el detenido fue sacado de su domicilio. Ante esa evidencia el juez de control resolvió la no vinculación a proceso, poner en libertad a todos los detenidos y dar vista al ministerio público para la investigación de lo que resulte de la alegada tortura, denunciada por el detenido con la evidencia del video.

No obstante esta situación, el fiscal de alto impacto y todos los participantes de esta ilegal detención continúan laborando, y el señor Gregorio Coutiño Cruz fue sometido a otra infamia, al ser sometido a un nuevo proceso, ahora de intento de asesinato, igual de amañado que el anterior, con fabricación de pruebas, como el de sembrarles armas de fuego en su domicilio.

Don Gregorio se encuentra en este momento hospitalizado en urgencia en el Gómez Maza, con un problema de preinfarto, ocasionado por la actuación policial y por funcionarios que demeritan el servicio público y traicionan la confianza que se debiera tener en la procuración de justicia.

Desafortunadamente la historia de la actuación policial de un gobierno que se dice de transformación, en nada ha cambiado a las prácticas del viejo régimen en el que se inventan delitos, se siembran pruebas y se practica la tortura.