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Chiapas lejos de la cuarta transformación

Editorial
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Los comportamientos de funcionarios de la fiscalía general en Chiapas agravian a la sociedad. Uno de ellos, Omar Alejandro Acero Arroyo, fiscal de alto impacto, fue acusado de alegada tortura y un juez de control dio vista al ministerio público para su investigación, sin que hasta ahora se le haya separado del cargo. El otro, Jorge Segismundo Rotter Díaz, fiscal de procedimientos penales, violó la autonomía de los jueces, al pretender instruirlos para que liberaran las órdenes de aprehensión y que vincularan y sentenciaran a los acusados, para evitar la delincuencia, obviando que ese comentario sólo puede ser expresado por un funcionario que practica una conducta delincuencial, sobre todo que Rotter Díaz fue juez y su  desempeñó fue execrable, en donde liberó al secuestrador del padre de un alto funcionario del gobierno del estado...

Ambos funcionarios deben ser retirados de sus cargos y sometidos a investigación, por los delitos cometidos. A la vez, resulta criticable la actitud del presidente del tribunal de justicia, que teniendo conocimiento de la reunión  del fiscal con los jueces, guarde silencio ante la violación del poder judicial cometido por el personal de la fiscalía.

El gobernador Rutilio Escandón fue presidente del tribunal de justicia y su desempeño fue pusilánime. Pero como gobernador su conducta debiera ser otra, sobre todo porque representa a un gobierno que predica la transformación y el combate a la corrupción. Pero que ignora que un paso imprescindible del combate a la corrupción es la autonomía irrestricta del poder judicial, pues eso permite la aplicación de las leyes, la sanción de los delitos y la reducción de la impunidad.

El gobernador del estado debe de entender que impulsar una política de combate a la corrupción, no solo es un discurso, es un compromiso hacia la autonomía del poder judicial, de combate a la impunidad y del fortalecimiento de la vida democrática. Por eso prácticas como la de subordinar las decisiones de los jueces a los caprichos de la fiscalía y ministerios públicos debiera ser sancionado con la separación del cargo.

De igual manera la persistencia de jueces de consigna es la práctica más perniciosa de la impartición de justicia y de agravio a la sociedad, pues eso implica la vinculación a proceso y  la pena corporal a inocentes y la impunidad a los culpables. Y en Chiapas siguen prevaleciendo los jueces de consigna. Situación que contradice al discurso del combate a la corrupción, que acentúa la violación a derechos humanos y que mantiene la práctica generalizada de la tortura.

Ayer el juez de control del Amate, vinculó a proceso a don Gregorio Coutiño Cruz, persona de la tercera edad, aún y cuando quedó demostrado que todas las pruebas presentadas por la fiscalía carecían de sustento, inclusive un policía, que declaró como testigo de cargo, señaló que el ministerio público le ordenó que no se presentara, pues su declaración demostraba que don Gregorio no se encontraba en el lugar de los hechos y que la primera declaración de la víctima, que ese policía levantó en el parte informativo homologado, jamás mencionó la presencia de don Gregorio sino que esa versión surge en una segunda declaración claramente manipulada por el ministerio público, empecinado en procesar a un inocente y quien debe ser procesado por obstrucción de la justicia y por fabricación de pruebas.

En estos cinco meses de gobierno de Rutilio Escandón, Chiapas se encuentra muy alejada de la cuarta transformación que tanto se pregona, pero con un poco de voluntad política, se podría dar un paso significativo si se promoviera la construcción de la autonomía del poder judicial.