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En Chiapas se vincula a proceso a inocentes y se liberan culpables

Editorial
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El pasado 10 de mayo el gobierno del Estado, a través de la Mesa de Reconciliación  entregó constancias de liberación a 12 presos sentenciados de distintos penales en Chiapas. En el evento, de acuerdo al boletín de prensa, el gobernador Rutilio Escandón manifestó; “aquí no hay nada bajo la mesa o en lo oscurito, lo hacemos conforme a la ley, porque es legal el perdón y la reinserción”.

En ese mismo acto el Presidente del Tribunal, Juan Oscar Trinidad, “les dijo que esta segunda oportunidad es producto de la reglamentación, en un marco de respeto a las leyes, a los protocolos internacionales en protección de los derechos humanos, equidad de género y a la no discriminación”.

Lo más sorprendente del boletín del gobierno del Estado es la explicación que proporciona sobre los objetivos de la Mesa de Reconciliación, “que es un instrumento chiapaneco, es analizar los casos tomando en cuenta elementos como derechos humanos, enfermedad, edad avanzada, entre otros, para llegar a la determinación de otorgar la libertad a personas que están procesadas o sentenciadas”.

La Mesa de Reconciliación no puede ser un instrumento legal, pues no puede estar por encima de las sentencias de los jueces ni de la confirmación de sentencias de los tribunales federales. Con ello, sobre la base de los hechos, las resoluciones de la Mesa de Reconciliación se constituyen en una cuarta instancia, lo cual es contrario a lo señalado por el  artículo 23 de la Constitución, que nos dice: “Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia”.

De igual forma, las resoluciones de la Mesa de Reconciliación dejan sin efecto sentencias de culpabilidad emitidas por los jueces, que además son los únicos facultados para determinar la vinculación a proceso, para emitir sentencias de culpabilidad o para determinar la libertad de un procesado, situación que viola la independencia de los tribunales, jueces y magistrados señaladas por el artículo 17 de la Constitución.

El procedimiento de liberación de sentenciados de la Mesa de Reconciliación, a todas luces inconstitucional, también es violatorio a derechos humanos. Esto en virtud a que los liberados que tienen sentencia de culpabilidad, carecen del derecho a la reparación integral del daño, y en el caso en que siendo inocentes hayan sido declarados culpables, la Mesa de Reconciliación juega el papel de liberar, pero continúa reproduciendo mecanismos de impunidad en la impartición de la justicia.

El procedimiento de liberación la Mesa de Reconciliación viola también derechos humanos de las víctimas y de los familiares de las víctimas, pues no se les notifica de la resolución y sobre ésta no está establecido recurso alguno de apelación, lo cual podría ser contrario y/o violatorio de la Protección Judicial que menciona el Art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

La existencia de la Mesa de Reconciliación presupone la ausencia de recursos judiciales efectivos a la víctimas, como lo obliga el mismo artículo 25 de la CADH, pero también presupone que los trámites judiciales no están apegados al debido proceso como lo exige el artículo 8º de la Convención Americana.

La Mesa de Reconciliación viene funcionando desde el gobierno de Juan Sabines y son aproximadamente dos mil beneficiados de este procedimiento inconstitucional en el que se han liberado a sentenciados de asesinato, de secuestro, de robo de vehículos y feminicidas. Este procedimiento debe revisarse de inmediato, pues dicha Mesa viene incurriendo en delitos graves, al desempeñar una atribución ilegal de liberación de presos con sentencia, en el que los tres poderes del Estado tienen responsabilidad y por lo tanto pueden ser sometidos a procedimiento.