La transformación prometida

Las formas como se pretende hacer política en Chiapas resultan a todas luces inconveniente. El gobernador vive esperanzado a que todos los problemas los resuelva el presidente y se busca hacer creer que con la buena relación presidencial Chiapas está a salvo. A su vez, el secretario de gobierno mantiene en su alrededor un aparato mediático en el que se muestra que es él quien toma las decisiones políticas en el Estado.

Sin embargo la realidad en la entidad es otra. Existe un aparato público sin rumbo ni cabeza, que no prevé los conflictos que se multiplican en el territorio,  en donde no hay una política social y de combate a la pobreza; no hay una política para la recuperación económica y de fortalecimiento a las actividades productivas; hay una carencia de programas para la generación de empleo; se requiere del fortalecimiento de las actividades agropecuarias; hay una grave inacción política; hacen falta programas de salud y de control de enfermedades transmitidas por vector; no hay una mínima idea de los problemas educativos y para colmo, existe la intención de adelantar los tiempos políticos, en donde aún no se cumple el primer semestre del sexenio y ya se hace especulación política en donde se promueve la imagen como sucesor del secretario de gobierno y del fiscal general.

En la entidad existen 20 municipios con niveles peligrosos de conflicto y más de 180 puntos de tensión social y de violencia, que ponen en riesgo la seguridad nacional, sin que se perciba una mínima atención gubernamental para reducir los riesgos de estallidos social y en donde se observa la inoperancia de los dos pretensos, que utilizan recursos públicos para ponerse en el ánimo de la población.

Chiapas, de años atrás, representa la imagen del caos y en la actual administración, aún y con los desalojos de algunos predios invadidos, no se vislumbran acciones adecuadas para cambiar ese rostro desprestigiante de la entidad. Estos sucesos nos muestra que en Chiapas se llegó a un punto en el que a nadie le interesa apegar sus actos en el marco de la ley. El gobierno con demasiada frecuencia toma decisiones ilegales o realiza designaciones ilegales y hoy día cualquier grupo de personas puede obstaculizar el libre tránsito de vehículos y de personas, sin que haya una sanción al respecto.

Esto resulta significativo en este momento para Chiapas, pues existe un deterioro alarmante en el ejercicio del poder -en donde se dejaron de tomar decisiones para garantizar el orden, lo que condujo al caos-, pero de igual manera, aparece en las personas un desapego a las normas y  entonces se pierde la regulación social de los actos que están prohibidos y son sancionables.

Los tiempos para mostrar la transformación que prometió este gobierno se vienen agotando, sin que se modifique la tensión social que se vive en la sociedad. Se requiere la liberación urgente del presupuesto, iniciar con el programa de obras con licitaciones transparentes y no con asignaciones directas de contrato como ya se viene realizando, hacer frente a los apoyos a los productores del campo, que debieron liberarse antes del inicio de la temporada de lluvias,  construir interlocución con la dirigencia magisterial, que rebasó a la autoridad estatal y a la propia secretaría de educación federal, al obtener un triunfo con el establecimiento de una mesa de negociación directamente con el presidente y, lo más importante, abandonar la indiferencia y la soberbia política en la atención a los problemas de la entidad.