La simulación de la legalidad

La entidad arrastra problemas históricos de pobreza, desigualdad social e injusticia que no van a resolverse en los próximos seis años, pero que en las expectativas de la población, por el discurso de la cuarta transformación, se esperaba que desde el inicio de la gestión el gobernador buscara sentar las bases para la transformación de Chiapas y el mejoramiento de la impartición de justicia pero esto simplemente no se ha hecho.

Después de doce años consecutivos de gobiernos malogrados, que generó una deslegitimidad, un hartazgo y un malestar popular, parecía obvio que los inicios del gobierno de Rutilio Escandón iban a estar marcados por la tensión y los conflictos, y que una tarea primordial era reconstruir los márgenes de gobernabilidad, a través de una política de garantizar la legalidad con la aplicación correcta de la ley.

Bajo este desafío lo peor que podía suceder en la entidad, y desafortunadamente se produjo, es la continuidad de un gobierno con una aplicación selectiva de la ley, la subordinación del poder judicial a los caprichos de la fiscalía general, la prevalencia de jueces de consigna, la fabricación de pruebas para inculpar a inocentes, la práctica de linchar mediáticamente en las redes sociales a presuntos culpables violando la presunción de inocencia y criminalizar a  activistas políticos violando inescrupulosamente los derechos humanos.

El fin de semana se vivieron dos hechos de vergüenza, que muestran la ausencia de legalidad de este gobierno y que evidencia la cara de represión que Rutilio Escandón buscaba encubrir bajo la máscara de humanista y demócrata, en el que fueron detenidos tres vecinos de la Colonia El Bosque, en Tuxtla Gutiérrez, que se oponen a la construcción de instalaciones del tribunal de justicia en un parque, propiedad social de la colonia y que indebidamente en 2005 el congreso local desincorporó del municipio y lo cedió al poder judicial, así como la detención de la juez Isabel Álvarez Ramos, acusada de obstrucción en la impartición de justicia, en el que se denota la fabricación de delitos de la fiscalía, a punto tal que el juez de control otorgó la prisión preventiva. 

Sobre la juez Isabel Álvarez la fiscalía, en contubernio con el tribunal, ha desatado una cacería de brujas debido a la liberación de un presunto feminicida, aparentemente confeso, pero que el ministerio público no pudo demostrar que la firma en la declaración inicial sea del acusado, junto a esta irregularidad la juez detectó otras irregularidades y dictó la liberación. A partir de ese momento la judicatura la retiró como juez, negándole el derecho de audiencia para defenderse y finalmente este viernes se ordenó su detención.

Es grave que en Chiapas se tenga una cifra escandalosa de un homicidio de mujer cada tercer día y en donde prevalece la impunidad en los feminicidios. En la entidad es recurrente la liberación de los feminicidas y se rumora en los pasillos del tribunal, que en cualquier momento es liberado otro presunto asesino, acusado de asesinar junto con su hermano a la esposa y enterrarla en el propio patio de la casa. Pero en estas liberaciones de homicidas la responsabilidad recae en la fiscalía al violar el debido proceso o peor aún, el de inculpar a inocentes y a la fecha no ha sido sancionado ningún ministerio público ni ningún funcionario de la fiscalía por no realizar las investigaciones apegadas a derecho. Por eso resulta sospechosa la persecución desatada sobre la juez Álvarez Ramos.

El presidente del tribunal, un saltibanqui de la política, está obligado a informar sobre las detenciones del fin de semana, en donde el abuso policíaco se ensañó sobre tres vecinos a quienes se les violaron múltiples derechos humanos y luego se hizo pública la detención de la juez, quien fue expuesta al linchamiento de las redes sociales cuando aún no ha sido sometida a juicio ni existe una sentencia de culpabilidad sobre ella. En donde más bien su detención, parece un ajuste de cuentas en donde el gobernador se percibe como el más interesado en culpabilizarla.